La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo está estudiando "cómo hacer" que los Servicios Jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales y, en concreto, de la víctima de La Manada. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha matizado posteriormente, que el Gobierno no puede personarse en el caso de 'La Manada', al tratarse de un procedimiento judicial "con sus normas y sus reglas", aunque ha adelantado que se hará un estudio "sereno" del Código Penal para analizar cómo dar respuesta ante delitos contra la libertad sexual.
La portavoz del Gobierno en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde ha reconocido que ha generado sorpresa al Ejecutivo la libertad provisional de los cinco condenados de La Manada por abuso sexual y ha anunciado su compromiso de estudiar una reforma de la ley en relación con estos delitos.
Ha recalcado que "no todos los casos son iguales y este es un caso particularmente diferente" con unos "hechos probados gravísimos", sobre los que el Gobierno está "particularmente sensibilizado".
"Ella dijo no", ha enfatizado Celaá, quien ha recordado que es un hecho probado, aunque ha expresado el respeto a las decisiones judiciales.
"Los hechos probados son muy graves, gravísimos, y el Gobierno se hace eco de la alarma social y de la preocupación social".
Ha explicado que el Gobierno de Navarra ha recurrido ya la decisión de la libertad provisional de los condenados, pero el Ejecutivo que no es parte en el proceso "a través de la Abogacía del Estado puede salvaguardar el interés de la víctima".
Celaá, que ha recalcado que el Gobierno trabaja por la seguridad de las mujeres y jóvenes, ha insistido en que el Gobierno ha decidido en esta reunión estudiar esta posibilidad. "El Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular, a las que quiere proteger y vamos a proteger", ha enfatizado.
Ha destacado que "la regla de oro general es que un condenado esté en prisión condicional y se le mantiene sobre todo cuando tiene una sentencia de 9 años", con los cinco integrantes de La Manada, hasta cumplir "al menos la mitad" de la condena.
Además ha alertado de que "una sentencia condenatoria siempre es peligrosa" porque puede ser proclive a la fuga.
La portavoz ha explicado que el Gobierno está trabajando en la aplicación de las medidas urgentes del pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en la necesidad de aportar formación a los jueces y magistrados en materia de violencia de género. También, ha destacado la importancia de analizar el Código Penal respecto a la tipificación de los delitos referidos a la violencia sexual.
PUNTUALIZACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Justicia aclaró con posterioridad ue el Gobierno no puede personarse en el caso de 'La Manada'. La ministra de Justicia, Dolores Delgado se ha comprometido eso sí a llevar a cabo "un estudio sereno" del Código Penal "para analizar la situación, ver qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo se puede hacer para dar una respuesta a la sociedad, porque la reclama", ha dicho.
Con todo, ha asegurado que el Ejecutivo no va a interferir ni en la independencia judicial ni en la autonomía del Ministerio Fiscal aunque ha reconocido que los hechos probados que reconocen abuso a una menor en los Sanfermines de 2016, han dado lugar a una "distinta calificación jurídica" en función de la resolución de la Sala, el voto particular de uno de los miembros del tribunal contrario a la condena y el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.
INDIGNACIÓN UNÁNIME
El Gobierno, dirigentes políticos y representantes de los partidos y de los sindicatos han coincidido hoy en manifestar su sorpresa e indignación por la libertad provisional para los integrantes de La Manada y han pedido mayor formación sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal.
Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha defendido que "todos los operadores jurídicos necesitan formación en violencia de género y violencia sexual" y ha considerado que es una "mala noticia política y jurídica".
Las reacciones del PP han venido de parte de las dos candidatas a la presidencia del partido. Así, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha dicho que "como mujer" se siente "profundamente decepcionada y muy frustrada" y ha considerado que es el momento de abordar la reforma del Código Penal. La otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que no se puede dar el mensaje de que un delito "tan grave" como el que han cometido los delincuentes de La Manada "sale barato".
De "mala noticia" ha calificado la resolución el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha asegurado que queda de manifiesto que "el Derecho no funciona".
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, planteó este viernes "endurecer" la ley y tapar los "agujeros" normativos paara arreglarlo, aseguró en una entrevista con Servimedia.
También responsables políticos autonómicos han reaccionada a la puesta en libertad de los miembros de La Manada como el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha abogado por la reforma del Código Penal para que este tipo de agresiones sean interpretadas como violación y no como abuso. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que "mentiría" si dijera que no está "sorprendido", aunque ha incidido en la independencia del poder Judicial y en el acatamiento de las sentencias. "Cuando el tiempo de los jueces no es entendido por el de la calle, tenemos un problema", ha advertido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en tanto que el de Asturias, Javier Fernández, ha expresado su solidaridad con la víctima y con todas las mujeres que también lo son.
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado tener "la misma estupefacción e indignación" que la ciudadanía y ha constatado una "falta preocupante" de formación en perspectiva de género. La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha considerado que el Código Penal requiere una reforma "con tranquilidad pero sin pausa".
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a las instituciones a "revisar lo que se tenga que revisar" en la legislación vigente para evitar "mensajes de impunidad" ante una "violación múltiple".
Por su lado, portavoces de asociaciones profesionales de jueces y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías han pedido respeto para los jueces que han decretado la libertad de los integrantes de La Manada en un auto ajustado a la legalidad y "razonado" y han subrayado el nivel de formación de los jueces en perspectiva de género.
Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que "no hay ninguna explicación jurídica" para la decisión sobre La Manada. A juicio de CC.OO., solo puede entenderse "como un claro desafío al sentido común de la democracia", a la vez que ha alertado de que "asistimos a una nueva vuelta de tuerca que golpea con más fuerza que nunca la dignidad de las mujeres".
Un petición abierta en Change.org para que los cinco miembros de La Manada sigan en prisión preventiva mientras el Tribunal Supremo resuelve recurso ha logrado casi 600.000 de firmas en menos de 24 horas.
La decisión judicial ha motivado también la convocatoria de concentraciones en numerosas ciudades españolas como Madrid, donde las organizaciones feministas han llamado a movilizarse frente al Ministerio de Justicia.
