El auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra por el que se dicta la libertad provisional de 'La Manada' se basa en que los magistrados no aprecian riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido "notablemente" en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva.
En el auto, dictado por mayoría de dos magistrados a uno, se señala que la prisión provisional se había vinculado en 2017 a las altas penas solicitadas por las acusaciones y a la inminencia de la celebración del juicio oral, pero considera que "estas razones han perdido notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener".
En tal sentido, el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que "no habiéndose cuestionado durante todo el procedimiento el arraigo familiar y social de todos los condenados, no cabe ahora, por razón de que haya recaído sentencia condenatoria, negárselo; como tampoco cabe seguir invocando el riesgo de fuga como un riesgo genérico y no concreto (derivado de circunstancias concretas y determinadas) que las partes acusadoras no han tratado siquiera de reseñar, sin que de las alegaciones que sobre este particular han expuesto pueda inferirse racionalmente tal riesgo de fuga".
Así, el auto señala que, "aun estando siempre latente" este riesgo, "no cabe inferir en este caso como una posibilidad real y concreta, y que, en todo caso, puede conjurarse más que razonablemente con otras medidas cautelares menos gravosas para la libertad".
El tribunal también apunta que "consta las insolvencia de todos los condenados, excepción hecha de Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena (declarado parcialmente insolvente y a quien le ha sido embargada una vivienda), careciendo todos ellos de medios económicos para procurarse una fuga eficaz, instalándose en algún lugar en el que no pudieren ser hallados si tratasen de huir".
En cuanto al riesgo de reiteración delictiva que "se pretende justificar por las acusaciones por el hecho de que cuatro de los cinco procesados, ahora condenados, se encuentran incursos en otra causa penal por hechos análogos a los que han motivado su condena y que se están investigando ante un Juzgado de Pozoblanco, debemos significar, de entrada, que tal planteamiento excluye del referido riesgo a Angel Boza Florido -uno de los miembros de 'La Manada', al parecer, según alegan, excluido de esa investigación".
Además, el auto añade que "este tribunal desconoce cuál sea la situación en que se encuentra la instrucción de la referida causa de Pozoblanco, más allá de que se inició en el mes de octubre de 2016; a este respecto, y otra cosa no se ha manifestado ni acreditado de contrario, por las defensas de los condenados, en la comparecencia celebrada el pasado día 18 ante esta Sala -para estudiar la prórroga de la prisión-, se expuso que, a día de hoy, ni siquiera ha sido dictado auto de procesamiento".
Se trata por tanto, según el tribunal, de hechos 'sub iudice' que "aún continúan en fase de investigación por razones que se desconocen y que ninguna de las acusaciones ha podido esclarecer". Además, durante su razonamiento, los magistrados citan al Tribunal Constitucional, que señala que "la alarma social no es un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional".
Sobre la alegación de la acusación particular de que, en caso de acordarse la libertad provisional de los condenados, "se debería presumir el riesgo de que pudiera producirse la inmisión en el derecho a la intimidad de la víctima y su entorno, hecho que ya ha ocurrido durante el presente procedimiento mediante el encargo, por la madre de uno de los imputados, a dos detectives privados, para que sometieran a investigación a la víctima en su vida particular, en la que aparecían fotografías de la víctima con sus familiares y amigos, así como el portal de su domicilio", tampoco "puede ser acogido" tal planteamiento.
El tribunal señala que "la prueba relativa al informe emitido en su día por las detectives que se citan, con independencia de la legítima renuncia que respecto a una parte de ella se realizó en el acto del juicio, fue prueba que mereció la previa admisión como procedente y pertinente por parte de esta Sala para su práctica en el acto del juicio oral; dicha prueba además, fue encargada y practicada con posterioridad al ingreso en prisión de los cinco acusados por lo que carece de fundamento el razonamiento de que la estimación de su solicitud de libertad pudiera tener alguna relevancia al respecto".
Según el auto, "debe considerarse también que los acusados tienen su residencia a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima y que garantizar su tranquilidad y su sosiego es algo que entendemos puede procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosas que la prolongación de la situación de prisión provisional".
VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO JOSÉ FRANCISCO COBO: "ES INDUDABLE LA GRAVEDAD DEL DELITO"
El magistrado José Francisco Cobo Sáenz, que ha discrepado de sus dos compañeros de sala en el auto que dicta la libertad provisional de 'La Manada', afirma que "es indiscutible la gravedad del delito" por el que fueron condenados los cinco acusados y considera que se debería prorrogar la situación de prisión provisional de manera incondicional.
En su voto particular, el magistrado que preside la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra señala que, "teniendo en cuenta las características y gravedad del delito por el que han sido condenados los acusados y ponderando las circunstancias del caso y las personales de dichos procesados, se revela como razonable y proporcionado la prórroga -de la prisión provisional- por plazo de dos años y seis meses a contar desde el día 7 de julio próximo, con el carácter incondicional que hasta este momento procesal presenta".
El magistrado considera que para decidir sobre la libertad provisional, los datos que pueden evaluarse son la estabilidad domiciliaria de los procesados, la disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida, y la integración en su contexto familiar y convivencial extenso; y considera que el análisis de todo ello "no permite conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia y las medidas a tal efecto propuestas en la decisión mayoritaria se pueden revelar ineficaces al fin para cuya prosecución están diseñadas".
En el ámbito de la protección a la víctima, el magistrado señala que este aspecto "no pueden dejarse de tomar en consideración, y así se hace en la resolución mayoritaria, las alegaciones efectuadas por las acusaciones, singularmente la particular, sobre la incidencia que en cuanto a la protección integral propia, así como de su entorno familiar y convivencial, ejerce la decisión que en definitiva se establezca sobre la situación personal de los procesados, condenados en la instancia a una pena de entidad notablemente apreciable". "Ponderando el peso específico de esta finalidad de protección de la declarada víctima, las medidas establecidas con esta finalidad en la decisión mayoritaria pueden resultar ineficaces para la consecución del designio propuesto", añade.
LA FISCALÍA RECURRIRÁ EN SÚPLICA
La Fiscalía recurrirá en súplica el auto de la Audiencia Provincial de Navarra, según informaron fuentes jurídicas. El recurso se realiza en súplica ante el mismo tribunal que ha ordenado las excarcelaciones y no tiene efectos suspensivos, es decir, que si los cinco jóvenes conocidos como 'la Manada' depositan su fianza saldrán en libertad, aunque el recurso del Ministerio Público aún no se haya resuelto.
También las acusaciones populares, ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, han anunciado ya que trabajan en los recursos que van a presentar al auto.
Las familias y representaciones legales de los cinco miembros de La Manada, tres de los cuales están en la prisión de Pamplona y dos en Alcalá Meco, están realizando esta mañana los trámites necesarios para depositar la fianza y obtener la autorización judicial para la puesta en libertad, que podría tener lugar en las próximas horas.
