El ejecutivo central, que también mantiene conversaciones con agentes sectoriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para analizar la situación y recabar propuestas que contribuyan a reducir el consumo energético, pidió a las comunidades autónomas aportaciones para su plan de contingencia de seguridad energética.
En respuesta a esa petición, los gobiernos autonómicos han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica un listado entre las que se encuentran prolongar la vida útil de las centrales nucleares, acelerar los proyectos de inyección de biometano a la red de distribución o aumentar el presupuesto contra la pobreza energética.
Reducir el consumo de las luces de Navidad, crear una empresa energética pública, fomentar las instalaciones de autoconsumo y la renovación de calderas, bajar impuestos o promocionar el hidrógeno verde son algunas de las muchas y diversas propuestas de las autonomías al Gobierno para ahorrar más energía.
La Comunidad de Madrid pide al Gobierno, al que reprocha no haber compartido "ninguna información ni documento", eliminar impuestos, revisar el mecanismo del tope del gas, un plan de renovación "masiva" de calderas con los fondos europeos Next Generation y el aprovechamiento de renovables o de la nuclear.
El Govern de Cataluña, por su parte, ha trasladado al Ejecutivo central ocho propuestas, entre ellas la creación de una energética pública, como va a hacer la propia Generalitat, acelerar los proyectos de inyección de biometano a la red de distribución y elaborar un plan de choque para un mejor aprovechamiento de los excedentes fotovoltaicos de plantas de autoconsumo.
La Junta de Andalucía y Castilla y León han planteado un nuevo plan renove para la sustitución de equipos de climatización y de electrodomésticos que funcionan con gas natural, y de calderas. simplificar los contratos de las instalaciones de autoconsumo y acometer la electrificación de una parte del parque móvil de la Administración. Además Castilla y León y la Región de Murcia también solicitan mantener las centrales nucleares activas, el uso temporal de carbón y prorrogar las ayudas para la reforma energética de edificios más allá de 2022.
El Ejecutivo vasco ha propuesto recuperar el mecanismo de "interrumpibilidad", por el cual las empresas se desconectaban voluntariamente del sistema en momentos de mucha demanda eléctrica a cambio de compensaciones, y la creación de un "agregador", un intermediario entre el que genera y el que demanda energía, que pueda conseguir precios más adecuados en una negociación directa.