El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado a las fuerzas políticas a buscar "lo que nos une" ante el desafío independentista en Cataluña y a no caer en "debates estériles" sobre si se debe recurrir ya alguna de las decisiones adoptadas por el Parlamento de Cataluña.
En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras reunirse hoy por separado con los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y Podemos, Pablo Iglesias, Rajoy ha reconocido que "nada" ha perdido por haberse entrevistado con éste último, aunque son muchas las cuestiones que les separan.
Rajoy ha pedido confianza en los "mecanismos del Estado" para afrontar el reto soberanista y se ha mostrado satisfecho por el resultado de las conversaciones que ha mantenido hasta ahora.
EL GOBIERNO RECURRIRÁ DE FORMA INMEDIATA SI EL PARLAMENT APRUEBA LA DECLARACIÓN
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional de manera inmediata si la declaración independentista de Junts pel Sí y la CUP es aprobada en el Parlament catalán, para solicitar su suspensión.
Sáenz de Santamaría se ha pronunciado en estos términos, en rueda de prensa, al ser preguntada por la declaración independentista presentada en el Parlament catalán por Junts pel Sí y la CUP y por los pasos que va a dar el Gobierno si se aprueba. Lo primero, ha explicado, será invocar el artículo 161 de la Constitución para solicitar al Constitucional la suspensión inmediata de la resolución soberanista.
No obstante, ha recordado que algunos grupos han planteado ya iniciativas contra la admisión por parte de la Mesa de la Cámara de la resolución secesionista, pidiendo su reconsideración, unos escritos que si son rechazados puede servir para fundamentar futuros recursos de amparo de los diputados autonómicos sobre la posible violación de sus derechos parlamentarios, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución.
Pero, al margen de los posibles recursos de amparo que presenten los diputados, los servicios jurídicos del Estado están estudiando cualquier tipo de recurso que pueda plantearse "buscando siempre la seguridad y la certeza" de que sus aspiraciones sean estimadas.
Lo que está claro ya, según la vicepresidenta, porque la conclusión de la Abogacía ya es determinante, es que si la declaración llega a aprobarse en sus términos actuales el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional, con invocación expresa del artículo 161 de la Carta Magna, para su inmediata suspensión."Además lo haríamos en un plazo inmediato", ha advertido.
Preguntada por el hecho de que algunos consellers del Govern de Artur Mas le hayan trasladado su malestar por esa declaración independentista, Sáenz de Santamaría ha comprendido que "a cualquier gobernante que se precie le tiene que suponer un vértigo muy considerable, que es ni más ni menos que faltar al juramento de aquello que prometió al asumir un cargo".
"Entiendo perfectamente que si hay si hay alguien que considera que la ley y la democracia están por encima de otras cosas, tengan importantes escrúpulos al respecto", ha apostillado la vicepresidenta, para quien es "gravísimo" que en esa declaración se esté planteando el incumplimiento de la ley.
REUNIONES CON OTROS PARTIDOS
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recabado el apoyo de Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) ante el desafío soberanista iniciado por Junts pel Sí y la CUP con la presentación de su propuesta de resolución que busca iniciar el proceso de creación de un Estado catalán independiente.
Santamaría inició este jueves una ronda de contactos con los partidos constitucionalistas para analizar con ellos una respuesta ante el reto planteado por Junts pel Sí y la CUP, después de que el martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reuniera con el jefe del primer partido de la oposición, Pedro Sánchez, y que este viernes vaya a hacer lo propio con los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y de Podemos, Pablo Iglesias.
La portavoz del Ejecutivo no sólo se limitó a telefonear al líder de Unió (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida; al candidato de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, o al portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, con los que el presidente tiene previsto reunirse la próxima semana, sino que también se puso en contacto con los representantes en el Congreso de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas; de Foro Asturias, Enrique Alvarez Sostres, y de UPN, Carlos Salvador.
Pero en este caso no para cerrar con ellos cita con el jefe del Ejecutivo, sino para conocer su opinión sobre la crisis abierta en Cataluña a raíz del registro de la citada iniciativa, para exponerles la posición inicial del Gobierno ante la misma y para pedirles que el asunto acabe siendo un motivo de "confrontación" durante la campaña electoral, según informaron los tres diputados.
UNA RESPUESTA "PRUDENTE" Y "PROPORCIONAL"
Tanto Sostres como Salvador trasladaron a la vicepresidenta su apoyo "total" a cuantas medidas adopte el Gobierno para responder al desafío independentista siempre que éstas sean "eficaces y proporcionales" y demuestren "firmeza", en palabras del diputado asturiano.
Por su parte, el regionalista navarro, con el que Santamaría coincidió en el acto por el 60 aniversario de la entrada de España en la ONU que tuvo lugar este jueves en Madrid, subrayó que ahora se abre "una extraordinaria oportunidad" para llegar a un acuerdo por la unidad "por encima de cortoplacismos" y dar así una respuesta "prudente, inteligente y leal" al desafío catalán.
De su lado, la nacionalista canaria remarcó a la portavoz del Ejecutivo que Coalición Canaria "siempre" ha defendido el marco constitucional y el respeto a la legalidad y que, por tanto, apoyará cualquier iniciativa que, sobre la base del diálogo, trate de atajar la crisis catalana.
Durante su comunicación, Santamaría y Oramas también tuvieron la oportunidad de hablar sobre el decreto ley ayudas por las inundaciones sufridas en Canarias aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. El Gobierno dispone de un mes para que el Congreso lo convalide, si bien esperará a ver cómo evoluciona el conflicto abierto en Cataluña antes de convocar a la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones.
