Sumar se querella contra los jueces por rechazar la Ley de Amnistía
- Les atribuye un presunto delito de prevaricación por emitir una resolución "arbitraria" e "ilegal" al excederse de sus funciones
- Atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley
Sumar interpondrá este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía.
Concretamente, la denuncia del grupo parlamentario, a la que ha tenido acceso Europa Press, acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ.
Y se dirige contra sus ocho promotores, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Angeles Carmona.
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También contra Wenceslao Olea --que votó a favor-- y apunta a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ.
De hecho, Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.
Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.
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ACUSARON AL PRESIDENTE DE CONDUCTAS GRAVISIMAS
Concretamente, la querella alude a la aprobación el pasado 6 de noviembre en sesión plenaria de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía que negociaban entonces PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, alertando de que su aplicación supondría la "abolición" del Estado de Derecho.
Sumar pone de relieve que esa resolución "descalifica e imputa conductas gravísimas" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.
"Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", ahonda el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo judicial.
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LOS VOCALES SE EXTRALIMITARON
El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su "deliberada voluntad de eludir" esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.
Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar la "conducta de otra autoridad del Estado" (en este caso el presidente), acuerdos políticos o "futuribles" normas. Por otro lado, Sumar destaca que es "ineludible" que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los "intereses generales" emitiendo una "resolución definitiva" y no puede considerarse como un "acto político".
GUILARTE SE DESMARCÓ
Al hilo, subraya que uno de los vocales, el progresista Alvaro Cuesta, solicitó desconvocar ese pleno tras advertir previamente que era "improcedente" e "ilegal", y optó por no acudir cuando se mantuvo su celebración.
E incluso argumenta que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino veía la declaración institucional "prematura", que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba un posicionamiento institucional a favor de una opción política.
"MANIOBRA POLÍTICA"
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, afirmó este viernes, en el marco del Fórum Europa, que la querella presentada por Sumar contra él y nueve vocales por prevaricación en la declaración sobre la amnistía “es una maniobra política”.
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“Yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que, al día de hoy, si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos pues no empezamos bien, creo”, señaló.
Guilarte ironizó con que si es condenado “pues habrá que cumplir”, y añadió que “estas actitudes creo que no van a ningún sitio y además es un poco lo que han hecho también en el otro lado, querellas señalando, no me gusta”.
UN "LINCHAMIENTO PERSONAL"
Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macias ha remitido un escrito a la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos donde denuncia un "linchamiento personal" por la querella presentada por Sumar.
El texto va dirigido a los presidentes de dichas instituciones comunitarias, así como al comisario de Justicia, Didier Reynders.
La comunicación indica que el hecho de que los vocales afectados hayan conocido la noticia a través de la prensa, en vez de por cauces oficiales, "evidencia que la iniciativa se enmarca en el inicio de una campaña de desacreditación y linchamiento personal para impedir el ejercicio de nuestra función constitucional para la protección de la independencia de los tribunales". Y añade que, "más allá de este intento de aniquilación personal y moral de los vocales afectados", lo que les preocupa "es el extraordinario desprestigio para el Estado de Derecho en España y la desprotección que ello puede suponer para el ejercicio independiente de la labor de los jueces y tribunales".
EL PSOE SE DESMARCA DE SUMAR
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se desmarcó este viernes de la querella de Sumar contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y aseguró que se trata de una decisión de una fuerza política “que no es el PSOE”.
Bolaños añadió que se ha “abierto una nueva etapa”, tanto en el Gobierno como en el Ministerio de Justicia, y añadió que él, como responsable del mismo, va a “intentar resolver las cuestiones con diálogo”.
