El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha advertid en el Acto de apertura de los Tribunales, presidido por el Rey, de que no habrá "zonas de penumbra" para los corruptos que "se lucran a costa del interés común".
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha señalado en su discurso que el número de jueces y fiscales es "claramente insuficiente", y será difícil evitar que ello suponga en los próximos años "un deterioro en el servicio de la Justicia".
El acto ha sido presidido por el Rey y ha contado con la presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. También han asistido los presidentes de órganos constitucionales como el Consejo de Estado -José Manuel Romay Beccaría- y el Tribunal de Cuentas -Ramón María Álvarez de Miranda- a quienes se sumaron la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y dos expresidentes del Supremo, Pascual Sala y Francisco Hernando.
LA CORRUPCIÓN
Torres-Dulce ha constatado "una creciente concienciación ciudadana" contra la corrupción que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, "lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social". "Vivimos una crisis económica severa y prolongada que erosiona el caudal de ilusión de amplios sectores de la sociedad y puede poner a prueba la solidez del entramado institucional de nuestro país", ha dicho Torres-Dulce, quien ha señalado que ante este riesgo todos los responsables públicos deben permanecer alerta.
Según Torres-Dulce, el panorama se complica aún más cuando a la corrupción pública se une la corrupción privada, en la que los directivos y administradores de sociedades "se prevalen de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella".
EL CONSENSO DE LOS POLÍTICOS
Por su parte, Moliner ha explicado que la importancia de la Justicia como un pilar del Estado que en nuestro país funciona bien, aunque necesite mejorar su agilidad, exige una mayor dotación de medios y ser considerada una cuestión de Estado por los partidos políticos, que deberían llegar a un consenso sobre ella y también en la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Moliner ha recordado que en 2010 el CGPJ solicitó 450 nuevos jueces, pero desde entonces el Gobierno no solo no ha incrementado esta plantilla -salvo en 50 nuevas plazas (2013)- sino que además ha eliminado la figura de los jueces sustitutos y suplentes. "Con todo ello se ha producido una clara reducción de efectivos en el personal judicial que trae consigo el reto difícil de conseguir evitar un deterioro en el servicio", ha señalado Moliner, presidente también del CGPJ.
En su discurso de despedida, pues este mes acaba su mandato y el del actual CGPJ, cuyos vocales han de ser renovados por el Congreso, Moliner ha apuntado también la importancia del "reto" de mejorar la justicia en su conjunto que afrontará "el próximo" gobierno de los jueces. "Y ello aún teniendo en cuenta que el nuevo diseño" que le ha impuesto el Gobierno al CGPJ "indudablemente ha introducido importantes limitaciones en su estructura".
Moliner ha expresado también su deseo de que el diseño y organización de la Administración de Justicia "se lleve a cabo con el mayor consenso entre las diversas fuerzas políticas", todas ellas comprometidas con una cuestión de Estado. Este acuerdo debería también afectar a la elección de los miembros del CGPJ, "pues su legitimación mayor o menor no solo deriva del sistema de elección parlamentaria o corporativa que se elija, sino también del hecho de que esa elección se haga por consenso y no por cuotas" repartidas entre los partidos.
PROTESTA EN LA CALLE Y ANÉCDOTAS
Al mismo tiempo que se desarrollaba la ceremonia solemne unos cien funcionarios de la Administración de Justicia convocados por los sindicatos del sector se han manifestado frente a la puerta principal del Supremo coincidiendo con el acto de Apertura de Tribunales. El lema de la movilización, "Gallardón acaba con la Justicia para todos", se opone a las reformas de la Justicia promovidas por el Gobierno porque, según los convocantes, incluyen medidas como las tasas judiciales, que generarán desigualdades en el acceso a los tribunales en función del poder económico de los ciudadanos.
La anécdota de la ceremonia ha sido un lapsus del Rey, quien, tras la intervención de Torres-Dulce, ha vuelto a dar la palabra al fiscal general del Estado, en vez de al presidente del Tribunal Supremo, y, al darse cuenta de su confusión, ha reaccionado con una sonrisa mientras subsanaba el error. Al igual que el ministro de Justicia y las demás autoridades asistentes a la apertura del año judicial, don Juan Carlos ha llegado a la sede del Supremo entre los abucheos, gritos y pitidos de los funcionarios de la Administración de Justicia que protestaban ante la puerta principal del Supremo contra los recortes.
El jefe del Estado, que lucía sobre el chaqué la Gran Cruz de la Justicia y hoy caminaba ayudado por una muleta, ha sido recibido por Moliner en el vestíbulo del Supremo antes de la ceremonia y ha abandonado la sede del alto tribunal tras asistir durante unos diez minutos a la posterior recepción, en la que ha conversado especialmente con Ruiz-Gallardón, Moliner y Torres-Dulce.
