El Tribunal Supremo ha confirmado su competencia para juzgar el caso del proceso independentista, aunque ha enviado al TSJC la causa contra cinco miembros de la Mesa del Parlament, de JxSí y CSQP, y contra la exdirigente de la CUP Mireia Boya, a los que el ministerio público atribuye únicamente un delito de desobediencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará pues a seis diputados acusados de desobediencia al Constitucional por facilitar que el Parlament aprobara las leyes del "procés" y permitir que la cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum. Son los únicos para quienes la Fiscalía no pide penas de prisión.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para esos seis imputados una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación. Por su parte, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet y de 24.000 y año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya, todos ellos acusados de desobediencia grave.
Asimismo, la acusación popular de Vox pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para esos seis acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.
