Las defensas de los presos soberanistas piden un "juez ordinario"

La vista oral por las cuestiones de previo pronunciamiento de la causa del procés en Cataluña dio comienzo este martes puntualmente en la sede del Tribunal Supremo para dirimir si el Alto Tribunal es competente para juzgar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los otros 17 acusados o si el juicio debe celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Las defensas han invocado el derecho de sus representados a la "doble instancia" y a ser juzgados por un "juez ordinario", ya que de ser enjuiciados en el Tribunal Supremo sólo tendrían derecho a acudir a una instancia judicial.

En la vista están presentes las defensas de los 18 acusados, pero ninguno de los procesados asiste a la misma. Al inicio de la sesión, Marchena pidió a los letrados que en la medida de lo posible no repitan argumentos y ajusten su exposición a turnos de 20 minutos, aunque añadió que será flexible y generoso.

Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, aseguró hoy en su exposición ante el Tribunal Supremo que "nunca había estado tan convencido de la causa que defienden mis clientes. Son políticos haciendo política, y en este procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales". Su argumento se centra en que los hechos que se atribuyen a los 18 procesados miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, nueve de ellos en prisión, sucedieron en Cataluña y por ello deben ser juzgados allí.

Bajo su punto de vista, la Fiscalía ha sido la responsable de "retorcer y pervertir la técnica procesal para un uso de persecución política". Defendió, además, que hay un juzgado de Barcelona, el número 13, que lleva instruyendo una causa por rebelión más de un año y lo hace "con presencia de aforados". El Supremo tiene ahora una bonita oportunidad de enmendarlo. ¿Por qué estamos aquí si la ley no lo prevé? Por el forum shopping : porque el foro del juez natural es temido por alguna razón", aseveró.

En su turno, Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, insistió en la idea de que los actos se produjeron en su integridad en Cataluña, por lo que el juez predeterminado por la ley es el del territorio, y señaló que los argumentos de la Fiscalía sobre la "extraterritorialidad" de lo sucedido son muy débiles y se basan en la existencia de registro de votantes en el extranjero, en la actuación diplomática del Govern o en la presencia de observadores internacionales. Insistió en que los hechos que se les imputan a sus clientes en la causa del procés "no son típicos de los delitos de rebelión y sedición", sino tan solo "actos preparatorios".

Al igual que estos dos abogados, el resto de los letrados de la defensa han coincidido en solicitar que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que juzgue los hechos.

El argumento del fiscal

La Fiscalía ha asegurado que el 'procés' supuso un "atentado grave al interés general de España" en el que se intentó derogar la Constitución y proclamar la independencia de Cataluña, lo que obligó a que el Estado interviniera con la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. Estas son las razones que ha expuesto el fiscal Jaime Moreno en la vista de los artículos de previo pronunciamiento que se ha celebrado en el Supremo.

Para la Fiscalía, el 'procés' constituyó "un atentado al orden constitucional" que trató de derogar la norma máxima de convivencia social y democrática, por lo que "no puede decirse que afecte solo a Cataluña" cuando después se publica la declaración de independencia.

Y la clave estuvo, según el fiscal, en la respuesta del Estado ante esa rebelión con la aplicación del artículo 155, que requería para su puesta en marcha como condiciones el "incumplimiento de las obligaciones de Cataluña" y que fuera "un atentado grave al interés general de España". "Eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma", precisa, por lo que "no podemos decir que quede circunscrita al territorio sino que proyecta el resultado en todo el territorio nacional".

Lo único que sí ha reconocido a las defensas es la falta de la doble instancia penal, pero ha recordado que esta es una excepción avalada por el Tribunal Constitucional que se aplica cuando la causa es enjuiciada por la mas alta instancia judicial para compensar el aforamiento.

Abogacía del Estado

Por su parte, la Abogacía del Estado, representada por Lucía Pedreño, ha señalado que las propias defensas han reconocido la existencia de actos internacionales para apoyar el proceso independentistas y eso es "suficiente para justificar la competencia" del Supremo.

Como también ha hecho Vox, que ejerce la acusación popular. Ante los medios, su secretario general, Javier Ortega, ha reprochado a las defensas que digan que el Supremo es "el tribunal más influenciable políticamente" y ha señalado su "decidida voluntad" de no "permitir" que el proceso penal se convierta en una "causa política".