La ley es clara y admite pocas interpretaciones: la convocatoria unilateral de un referéndum o de una consulta popular sobre la autodeterminación de Cataluña anunciada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, es ilegal y carece de validez jurídica.
Así de tajante se muestra el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares Pablo Santolaya que no tiene dudas al respecto: una convocatoria de referéndum que no cuente con la autorización previa del Gobierno central es ilegal y "manifiestamente nula".
"No tendría ninguna validez jurídica", remarca Santolaya que insiste en que la Generalitat, por si sola, no tiene competencias para convocar referendos consultivos si no dispone del visto bueno del Estado.
Comparte esta argumentación el también catedrático de Derecho Constitucional Luis Aguiar -exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y catedrático de la Universidad Carlos III- quien considera que en el actual marco legislativo no es posible la convocatoria unilateral de este tipo de consultas populares.
Aguiar recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de junio de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña que negaba a la Generalitat las competencias sobre la regulación de los referendos y establecía que esta materia compete "en su integridad" al Estado.
El fallo, sin embargo, avalaba la convocatoria de consultas populares distintas a los referendos al objeto de pulsar la opinión de la ciudadanía sobre un asunto de interés público, pero mantenía la obligación de que fueran autorizadas por el Estado.
Una vía alternativa sería la aplicación del artículo 92 de la Constitución que establece la posibilidad de que aquellas decisiones políticas de especial trascendencia puedan ser sometidas a un "referéndum consultivo" de todos los ciudadanos.
Se trataría, en cualquier caso, de un referendo no vinculante que además, tendría que seguir contando con la autorización del Congreso.
Parece evidente que Artur Mas conoce estas dificultades y ayer avanzó ante el Parlamento de Cataluña que convocará la consulta aunque el Gobierno de Mariano Rajoy le dé la espalda y no lo autorice.
"Si se puede hacer por la vía del referéndum, porque el Gobierno español la autoriza, mejor. Si el Gobierno nos da la espalda y no autoriza ningún tipo de referéndum ni de consulta, pues hay que hacerlo igualmente", advirtió.
Pese a este desafío, lo que no está ni mucho menos claro es si la convocatoria de una consulta popular -a todas luces ilegal, según los expertos-, tendría consecuencias penales para el presidente catalán.
Hoy mismo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado convencida de que el Gobierno hará "lo que esté en su mano" para evitar la consulta de autodeterminación prometida por Mas, porque es "ilegal".
La dirigente popular ha sido tajante al rechazar la posibilidad de que se celebre un referéndum ilegal y ha advertido de el Gobierno no va a consentir que se incumplan las leyes, aunque no ha avanzado qué hará el Ejecutivo para impedirlo.
El Gobierno de José María Aznar tipificó como delito la convocatoria ilegal de referendos en respuesta al plan soberanista del lehendakari Juan José Ibarretxe, pero esta reforma del Código Penal fue derogada por el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.
Aunque ya no estaba en vigor, el Tribunal Constitucional también anuló el año pasado este nuevo tipo penal, aprobado en su día a través de enmiendas a la Ley de Arbitraje.
Esa reforma del Código Penal, que estuvo en vigor dos años, preveía penas de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación para la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por la vía del referéndum careciendo de competencia para ello.
