En Bilbao ha quedado visto para sentencia el juicio contra Hasier Arraiz por pertenencia a ETA. En su declaración ante el juez, el presidente de Sortu, ha reconocido la acusación, así como el daño a las víctimas, tras haber llegado a un acuerdo con el fiscal y asumir una pena de dos años de prisión.
Así, la Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión y las asociaciones de víctimas entre 5 y 10.
Tras la declaración de Arraiz ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Fiscalía, que le pedía seis años, ha modificado su escrito de acusación para solicitar una pena de dos años de cárcel, de acuerdo con la defensa del acusado, que carece de antecedentes penales y que ha rechazado expresamente cualquier actividad violenta.
OTEGI NO DECLARARÁ
La declaración realizada por Arraiz ha supuesto que las partes renunciaran al resto de las pruebas que se iban a realizar durante cinco días de juicio, y la vista se ha visto reducida a dos horas y media de duración. De esta forma, ya no declararán los históricos dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Joseba Permach y José Luis Elkoro, como estaba previsto.
Las acusaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia siguen pidiendo diez años de prisión e inhabilitación para ese periodo, aunque la AVT plantea una petición de pena alternativa de cinco años.
Después de la vista oral, Arraiz ha reflexionado sobre la imposibilidad de presentarse en las listas de EH Bildu, ya que la pena que ha asumido incluye la inhabilitación.
Ha opinado que este juicio en el TSJPV por su condición de aforado, al ser parlamentario vasco, "no tenía demasiado sentido" después del acuerdo que habían alcanzado las partes en enero en la Audiencia Nacional respecto a la causa principal.
Desde las acusaciones populares, los letrados de la AVT y de Dignidad y Justicia, ha indicado que en Madrid las partes lograron un acuerdo "porque hubo cesiones por parte de todas las partes ante unas circunstancias extraordinarias", pero han indicado que el acuerdo "no quita fuerza jurídica ni moral" para seguir adelante en proceso en el País Vasco.
