El Gobierno de Sánchez tiene pendiente la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones, para la se comprometieron a cumplir la ley que actualiza las pensiones acorde a la inflación. El Banco de España, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea consideran que actualmente esa actualización no es sostenible.
Según cálculos del Banco de España, es indispensable un ajuste de casi 20.000 millones de euros al año, un 1,6% del PIB anual. Para el economista Julián Salcedo, teniendo en cuenta que "aproximadamente el 30% del gasto público va destinado a pensiones y otro 5 o 6% al desempleo, si se suben las pensiones a la inflación que será del 7 o 7 y medio, el gasto se va a disparar de una forma insoportable".
"Si hay que cumplir el compromiso de ajustarlas a la inflación que sea con aquellos que más lo necesitan, con las pensiones más bajas", declara el economista. "Las pensiones más altas todavía tenemos un cierto margen de defensa, pero las pensiones de 600 a 800 euros no lo tienen".