El juzgado de lo penal número 31 de Madrid ha absuelto al PP de destruir los ordenadores de su extesorero Luis Barcenas por falta de pruebas y a sus tres empleados por no quedar acreditado que tuvieran la intención de eliminar la información para entorpecer la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado absuelve a los tres acusados junto al partido: la extesorera Carmen Navarro; el responsable de su asesoría jurídica, Alberto Durán; y el jefe del departamento de sistemas informáticos, José Manuel Moreno, de los delitos de encubrimiento y de daños informáticos.
La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía, que no acusó en el procedimiento, solicitó en línea con las defensas que aplicase la conocida como 'doctrina Botín' para evitar celebrar el juicio, aunque la pretensión fue desestimada y se celebró la vista con la única acusación ejercida por la acción popular.
El juez ha dictado su resolución dos meses después de la última sesión del juicio, celebrado el pasado 28 de junio, y ha acordado junto a la absolución, condenar en costas a las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida, ADADE y el Observatori Desc, tal y como solicitaba la defensa del Partido Popular.
El PP reivindica la presunción de inocencia tras la absolución
El PP se ha felicitado por la sentencia que le absuelve de destruir los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas y ha exigido a PSOE y a Unidas Podemos "pedir perdón" por haber cuestionado el honor de su partido durante los últimos años y haber intentado "hacer daño a sus siglas" con este caso.
El PP ha reafirmado su "respeto a las resoluciones judiciales y a la presunción de inocencia hasta el final del proceso judicial".
Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha incidido en la relevancia de respetar este derecho y esperar a conocer los hechos probados de las sentencias "antes de prejuzgar" a una organización política como el PP. Para Álvarez de Toledo, la presunción de inocencia "no es negociable" en el Estado democrático de derecho y las consideraciones de terceros manifestadas antes de conocerse la resolución son la "prueba clara de la importancia" que tiene su defensa.
