La jueza decana de Madrid y portavoz de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, María José del Barco es crítica a la hora de que los jueces tengan que decidir sobre las medidas restrictivas una vez decaiga el estado de alarma.
En Buenos Días Madrid de Onda Madrid manifiesta que “me parece que el gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para adaptar la legislación sanitaria a las circunstancias actuales de pandemia que no se previeron cuando se reguló la ley de estado de alarma en el año 81, ni se previeron en el 86 cuando se reguló la ley de medidas sanitarias y que en todo caso, han resultado insuficientes".
“¿Qué se ha hecho en el estado de alarma?”
"En todo caso, si el Gobierno entendió que la legislación hace 6 meses era suficiente para que las comunidades adoptaran medidas restrictivas, sería bueno saber qué hemos hecho en los últimos 6 meses en el estado de alarma”, afirma.
María Jesús del Barco se pregunta que si la legislación valía entonces, y no se ha cambiado en estos últimos seis meses, “¿qué se ha hecho en el estado de alarma?”.
“Al final es la Comunidad la que va a dictar medidas restrictivas que después, serán sometidas al control jurisdiccional. Y parece que somos los jueces los que vamos a decidir lo que hay que restringir o no derechos de los ciudadanos. Parece que seamos los ejecutivos, cuando somos juzgadores. Haremos lo que hacemos siempre, resolver y ver en qué medida podemos decir que se garanticen los derechos fundamentales con las medidas que se nos proponen”.
Nos afecta a todos
En Baleares, que se ha autorizado la prórroga del toque de queda y del confinamiento nocturno hasta el 23 de mayo, impidiendo la libertad de movimiento y de reunión. “No he leído el auto pero sé que ha habido dos votos particulares. No ha sido una decisión unánime”, asegura Del Barco. “Quiero esperar a ver la resolución porque entiendo que se habrá producido a la vista de la prueba aportada, se entienda que existen motivos graves para limitar los derechos fundamentales”.
En la circunstancia de Baleares se encuentran otras comunidades como País Vasco, Navarra, Canarias o Comunidad Valenciana, “al final es una decisión de una parte que nos afecta a todos. Desde luego, si se acuerda el cierre perimetral de una comunidad autónoma, se nos impide movernos a los demás. Los ciudadanos no estamos legitimados para recurrir una decisión como ésta en el Supremo, a no ser que tengamos pendiente una resolución concreta, como una sanción o multa”.
El lío y lo que hará el Supremo
“Es de suponer que lo que hará el Supremo será delimitar los derechos que se pueden restringir al amparo de la ley sanitaria, que es antigua. Es esta interpretación de la norma lo que haga el Supremo. Sin perjuicio de cada caso concreto se examine el TSJ. El Supremo, unificará la doctrina y actuará cuando haya recurso por parte de una Comunidad Autónoma”.
María Jesús del Barco, desgrana algunas situaciones que se pueden producir. En todo caso asegura que “vamos a tardar algunos días en ver las resoluciones del Supremo en varias comunidades. Es un lío. Todos damos por hecho, parece razonable, que a las 12 de la noche entrarían las medidas restrictivas de las comunidades. A lo mejor son autos dictados en prevención".
Cautela en las medidas restrictivas
El domingo, el ciudadano sabrá qué puede hacer y qué no. Confío en que podamos hacer lo de antes, ya que la situación sanitaria no es igual. Se han vacunado a muchos grupos de riesgo, la situación sanitaria es mejor. Por tanto, cautela cuando las comunidades pidan medidas restrictivas, y mayor exigencia por parte de los tribunales superiores de justicia cuando acuerden que proceden restricciones de los derechos fundamentales. Quiero pensar que existirán las cautelas y las restricciones serán las imprescindibles”.
El PSOE no ha querido cambiar la ley
Por último, sobre la renovación del CGPJ, “no sé qué va a pasar. Porque el PSOE no tiene pensado cambiar la ley, nunca ha tenido voluntad. Y el PP siempre dijo que lo quiere hacer cuando está en la oposición pero que nunca hizo cuando tuvo mayorías absolutas. Lo urgente es que se renueve el Consejo, que está paralizado desde hace 2 años. El funcionamiento ordinario ha estado ausente durante la pandemia. Los jueces, abandonados y es hora de la renovación. Me temo que no habrá consenso entre los políticos. Nos fiamos poco y yo nada”.