24 horas. Ese es el plazo que da el gobierno a las partes implicadas en el conflicto de El Prat para que elijan a un árbitro.
El propio Gobierno considera que ha actuado con contundencia. El consejo de ministros ya ha aprobado establecer un arbitraje que ponga fin a la huelga de los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat. El ejecutivo Rajoy no ha dado mucho tiempo a empresa y trabajadores. Tienen 24 horas para pactar quién será el mediador, si no lo impondrá el Gobierno.
El mediador, sea pactado o impuesto, tendrá 10 días para redactar el laudo de obligado cumplimiento con las condiciones laborales que pongan fin a la huelga. El ministro ha justicado la resolución en los perjuicios económicos y sociales del paro, y en la necesidad de garantizar la seguridad pública.
El Gobierno ha admitido la sugerencia sindical de crear un grupo que analice las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de las contratas de seguridad.
El ejecutivo recogía así el guante lanzado horas antes por UGT y Comisiones para paliar la precariedad en el sector.
Los sindicatos, no obstante, rechazan el laudo porque atenta contra el derecho a la huelga. Coinciden en ello con el comité de huelga de Eulen en el Prat, que ya anunció días atrás su intención de recurrirlo.
