Hoy han comenzado a demoler las viviendas de San Fernando de Henares. Para ello, se ha invertido 1,2 millones de euros para derribar, adecuar la parcela, gestionar los residuos, establecer seguridad y vigilancia y realojar a las familias afectadas del mismo y a las que viven al lado.
Esta situación está siendo muy dura para todos sus vecinos, que son conscientes de que se trata de algo material, pero a la vez es el trabajo de todas sus vidas. "Yo he tenido que tener dos trabajos para poder pagar esa casa. Y ya no solo la casa, es que lo tenemos todo. A mí me han quitado todo porque no nos dejaron sacar nada", nos cuenta Eva, una de las afectadas, entre lágrimas.
"Tengo sentimientos encontrados porque eso se podría haber remediado. Una explosión de gas es normal, un volcán es de la naturaleza, pero esto ha sido por dejadez de una administración y entonces es más doloroso porque es como si me lo hubieran arrancado".
Ya el pasado 12 de abril, la Consejería de Transportes e Infraestructuras presentó al Ayuntamiento de San Fernando de Henares el Proyecto de demolición tras recibir el visto bueno del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Con esta medida, el Ejecutivo regional ha procedido a derrumbar, de manera vigilada, 24 casas, 2 locales comerciales y 39 plazas de garaje. En paralelo se ya han iniciado los trámites para la modificación del encargo de emergencia que dé cobertura a la demolición.
En septiembre del pasado año, el Consistorio declaró la ruina física inminente ordenando el desalojo de los vecinos e instando a rehabilitar o demoler, sin concretar en qué caso se podía derribar ni con que alcance, ya que la ruina física inminente es muy excepcional.
Posteriormente, el Ayuntamiento de San Fernando, inició por decreto el 26 de enero de este año el expediente de ruina legal urbanística, donde instaba en algunos apartados la demolición y en otros la rehabilitación.
El 8 de febrero, la dirección general de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras y la Asociación de afectados de Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares presentaron alegaciones que fueron estimadas por el Consistorio, exponiendo que la única opción técnica era la demolición. Y el 6 de abril recibió la Comunidad de Madrid “el decreto de situación legal de ruina urbanística”.
Juan Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados, hoy también ha perdido su casa. "Creemos que el trato no ha sido el más adecuado. Todos los enseres se han quedado dentro. Tuvimos media hora para acceder y recuperar algún objeto, pero fue imposible, colapsamos. En ese tiempo no te da tiempo a sacar nada. Treinta años de tu vida en treinta minutos es imposible y ese es el dolor que hay".