Begoña Gómez volverá a acceder a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje
- La jueza decana limita el acceso de personas no autorizadas a la planta de los juzgados donde declarará Begoña Gómez este viernes como investigada
- Las acusaciones populares recurren el acuerdo gubernativo de la juez decana de Madrid ante el CGPJ y piden su suspensión cautelarísima
La magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha autorizado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acceda este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje del edificio por motivos de seguridad.
Como ya hiciera para la citación del 5 de julio, la juez decana adopta esta medida para "garantizar tanto la seguridad de Gómez como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados" y "prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada".
Del Barco responde así a la petición de la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, que alegó que en esta ocasión "concurren idénticas circunstancias" a las del pasado 5 de julio. Y precisa que la autorización para entrar por el garaje de los juzgados se limita exclusivamente a Gómez, no a su letrado, que "deberá acceder por el acceso general para profesionales".
Según recoge el acuerdo gubernativo dictado este jueves, el jefe de seguridad de la entidad Secoex SA --a cargo de la protección privada del edificio-- ha asegurado que para la declaración pondrá "9 vigilantes para controlar el juzgado" y que "antes de la llegada de Begoña Gómez se inspeccionará de forma minuciosa toda la zona, tanto a la entrada como dentro del edificio".
La juez decana autoriza a que Begoña Gómez acceda por el garaje a los juzgados de Plaza de Castilla
La decana recuerda que el acceso de todos los que comparecen a las sedes judiciales debe realizarse, "con carácter general", por las entradas comunes. Matiza, sin embargo, que cuando se trata de personas de "relevancia pública" pueden acordarse otras medidas siempre que exista una "justificación que excepcione la regla general que afecta a todos los ciudadanos, como la posible existencia de un riesgo para la seguridad, la vida o integridad física de estas personas".
ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Al margen, la decana adopta también medidas para la cobertura informativa que llevarán a cabo los medios de comunicación. Repite la fórmula que empleó el pasado 5 de julio y permitirá el acceso al distribuidor de la planta en la que se encuentra el Juzgado de Instrucción Número 41 a las agencias de noticias Europa Press, EFE, Servimedia y Colpisa, que deberán estar acompañados de un representante del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En esta ocasión, limita a su vez el acceso a los "abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta". Según precisa, todos ellos "deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional".
Del Barco acuerda esta medida después de que en la declaración del 5 de julio accedieran a la planta del juzgado personas que no estaban entre las agencias de noticias acreditadas y que posteriormente grabaron imágenes en el interior del edificio --algo que no está permitido-- que llegaron a difundirse en redes sociales.
El vídeo de la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez pasado 5 de julio
Ante tal situación, medio centenar periodistas de tribunales presentaron un escrito al Decanato de Madrid en el que pedían que se adoptaran medidas para evitar que esta situación se repitiera. El pasado martes, la decana contestó que tomaba "nota de lo sucedido" y que "con el fin de que hechos como los acaecidos no vuelvan a reproducirse bajo ninguna circunstancia" aseguró que se adoptarían "las medidas necesarias".
EL ABOGADO DE GÓMEZ VUELVE A PEDIR QUE SÓLO SE GRABE AUDIO
Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, ha vuelto a solicitar a juez Peinado que la declaración de su defendida se grabe sólo en audio y no en vídeo, después de que las imágenes de su primera comparecencia fueran difundidas en medios de comunicación. Trata así de “limitar la vulneración de derechos” de su defendida y garantizar su presunción de inocencia.
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Además, el abogado quiere que se añada una marca de agua a la copia que se entrega a las partes personadas con el objetivo de identificar al filtrador en caso de que finalmente se grabe en vídeo la comparecencia.
LAS ACUSACIONES POPULARES RECURREN AL CGPJ
La acusaciones populares del 'caso Begoña Gómez' han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corrija la decisión de la juez decana de Madrid y evite este viernes que la esposa del presidente del Gobierno acceda a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje para declarar como investigada. Según defienden, Begoña Gómez "no ostenta cargo público alguno ni cuanto menos es autoridad", por lo que afean que se le concedan "determinados privilegios" por ser "esposa del presidente del Gobierno".
Las acusaciones populares de Hazte Oír e Iustitia Europa han presentado ante el CGPJ un recurso --al que ha tenido acceso Europa Press-- contra el acuerdo gubernativo por el que la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, autoriza el acceso de Gómez por el garaje de los juzgados por motivos de seguridad.
También recurren la decisión de Del Barco de limitar el acceso a la sede judicial a los abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta, donde se ubica el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
Hazte Oír e Iustitia Europa consideran que este acuerdo "atenta contra la esfera profesional de los abogados". "No es posible llevar una causa de miles de folios sin acudir con nuestro equipo legal hasta la puerta del Juzgado", apuntan.
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A su juicio, la medida adoptada por la decana es "nulo de pleno derecho al extralimitarse en sus funciones, prohibiendo el acceso al juzgado a aquellos letrados que vengan en compañía de los ejercientes". El acuerdo, sostienen, vulnera el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
Así las cosas, ambas acusaciones solicitan al CGPJ "la suspensión cautelarísima del acuerdo gubernativo y todas las medidas coercitivas contenidas en él". Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que los vocales podrían tardar algunas semanas en dar respuesta al recurso porque antes tendrían que designar ponente, elaborar informe y remitirlo a la Comisión Permanente.
