Castilla y León inadmite el requerimiento del Gobierno sobre el protocolo antiaborto
- Sostiene que "no se ha aprobado ninguna acción o norma" que afecte a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo
- Sánchez advierte a Castilla y León de que “tiene que responder” y que el Gobierno actuará “con contundencia”
La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno central sobre las medidas anunciadas el pasado jueves para evitar abortos en esta Comunidad.
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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha adoptado este acuerdo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha defendido que han sido los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico los que han informado a favor de esta decisión, ante la "inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento" del Gobierno, al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto.
"Se nos pone el foco con carácter preventivo", se ha quejado Carriedo, quien ha criticado que el Gobierno esté "estirando este debate" en torno al aborto y a la vez actúe con "pereza" respecto a actuaciones de otras autonomías o sus propias decisiones, con críticas centradas en la ausencia de cambios en la ley del 'solo sí es sí', por la rebaja en las penas o la excarcelación anticipada para unos 200 agresores sexuales desde que entró en vigor.
Preguntado por las distintas argumentaciones jurídicas sobre la posibilidad real de que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre actuaciones de hecho, aunque no exista acuerdo oficial por parte de gobiernos autonómicos, Carriedo ha indicado que los debates jurídicos se los deja "a los juristas". No obstante, el portavoz ha trasladado los argumentos aportados por los servicios jurídicos de la Junta, en el sentido de que "no se ha aprobado ninguna acción o norma" que afecte a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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En opinión de la Junta, el Gobierno pretende "ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de las normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico", cuya existencia niega "rotundamente" el Ejecutivo autonómico.
"No hay un hecho impugnable", detalla la Junta en su comunicado, donde echa en falta que el Gobierno central especifique "con claridad" en su requerimiento "los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia".
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Otro de los puntos que destaca la Junta es que, pese a tratarse de un requerimiento de incompetencia, el Gobierno no discute la titularidad de la competencia, sino su hipotético ejercicio por parte del Ejecutivo autonómico, por lo que ha defendido que esta inadmisión es la contestación oficial al requerimiento.
Esto aboca el conflicto al Tribunal Constitucional, con argumentos dados con una "voluntad torticera y espuria", según figura en el comunicado difundido este jueves por la Junta, que cree que el Gobierno únicamente busca una "controversia política" en un momento preelectoral como el actual.
El portavoz ha pedido al Gobierno que "desista de seguir cualquier procedimiento", ya que entiende que el asunto de las medidas para prevenir abortos anunciadas hace una semana por el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), está "aclarado perfectamente" por la declaración institucional del pasado lunes, por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP).
Sánchez desde Barcelona: Castilla y León “tiene que contestar, no se puede desestimar”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó este jueves desde Barcelona a la Junta de Castilla y León de que un requerimiento se “tiene que contestar, no se puede desestimar”, y alertó de que el Ejecutivo actuará “con contundencia” en su defensa de los derechos fundamentales. Además, dijo, "el Gobierno de Castilla y León sabe que tiene que responder al requerimiento".
Así respondió en la rueda de prensa junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando se le preguntó por la última decisión de Castilla y León. “No es un debate jurídico-técnico ni administrativo”, expreso Sánchez, porque “un requerimiento se tiene que contestar, no se puede desestimar, hay lógicamente que responder por parte, en este caso, del Gobierno de la Junta de Castilla y León”.
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En este sentido, Sánchez ahondó en que no caben “ambigüedades” porque el asunto atañe a “derechos fundamentales” por lo que el Gobierno, desde el momento en el que tuvo conocimiento de “este no acuerdo o acuerdo”, optó por “plantear” una “invasión de competencias” porque es tarea del Ejecutivo “la defensa del derecho de las mujeres y por tanto la igualdad entre españoles”.
Por todo ello, avisó al Ejecutivo que encabeza Alfonso Fernández Mañueco de que, “con todo el respeto institucional que merece cualquiera de los gobiernos autonómicos de nuestro país, pero también con contundencia" el Gobierno seguirá trabajando en la garantía de los derechos de las mujeres.
“Sin ningún ánimo de entrar en ninguna polémica”, el presidente dejó claro que su Gobierno va a “cumplir” con la “obligación” de que se “cumpla con los derechos de todos los españoles y españolas, vivan donde vivan”.
