2024 roza el récord de llegadas irregulares: 63.970 migrantes en un año

España rozó el récord de llegadas irregulares de migrantes registradas en un año, con 63.970 entradas, algo por debajo del máximo histórico de 2018, situado en 64.298, según el último balance publicado este jueves por el Ministerio del Interior.

Respecto a 2023, las llegadas de forma irregular han crecido un 12,5 por ciento, al pasar de las 56.852 a las 63.970 a 31 de diciembre de este año, es decir, 7.118 más.

Por vía marítima han llegado a España 61.323 migrantes, un 10,3% más que el mismo periodo de 2023. Lo han hecho a través de 1.807 embarcaciones, 10 menos que el año anterior.

La mayor parte de ellos lo han hecho a Canarias, con 46.843 llegadas, superando las 39.910 de 2023, e incluso a 2006, con la conocida 'crisis de los cayucos' (31.678 llegadas).

Coincidiendo con ello, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, han remitido al resto de presidentes de las comunidades y de las ciudades autónomas su propuesta para una distribución extraordinaria de menores no acompañados.

La carta expone el texto íntegro de la propuesta que se presentó en la XXVII Conferencia de Presidentes y que también fue remitida al Gobierno español, según ha informado el Gobierno Vasco.

De esta forma, los máximos mandatarios de Canarias y Euskadi buscan seguir dando pasos que permitan avanzar en una respuesta a la "dramática" situación que están viviendo las comunidades autónomas situadas en la frontera sur, Canarias y Ceuta, "pero también Euskadi, frontera Norte".

El texto urge a aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial.

Tanto Canarias como Euskadi defienden la activación de un mecanismo extraordinario que permita la distribución de menores migrantes no acompañados entre las autonomías y garantice sus intereses superiores, al tiempo que resolvería la situación que viven Canarias, Ceuta y Euskadi.

Los gobiernos canario y vasco defienden en su propuesta que es el gobierno español el que tiene la responsabilidad de promover de manera eficaz la distribución equitativa de los y las menores, cooperando activamente y aportando los correspondientes recursos materiales y económicos.

Abogan por un modelo de distribución basado en cinco indicadores, población total, población acogida (media de menores acogidos por cada cien mil habitantes en los últimos seis meses), PIB per cápita, desempleo y solidaridad (número de menores acogidos en los últimos cinco años).

Tal y como plantearon en la Conferencia de Presidencias del pasado mes de diciembre ambos gobiernos plantean que la medida extraordinaria debería ser aplicada en un plazo no superior a tres meses.

La propuesta coincide, además, con el repunte migratorio en las islas Canarias que ha dejado en los últimos días a 2.000 personas más, elevando a 5.812 el número de menores no acompañados tutelados por la comunidad canaria.

MÁS FINANCIACIÓN

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha exigido este jueves al Gobierno más financiación para las comunidades autónomas que acojan menores no acompañados porque "no son "paquetería exprés" que hay que repartir "para lavar la conciencia del ministro o del presidente de turno", ha dicho.

Sémper se ha referido así, en declaraciones a los periodistas, a la falta de acuerdo para repartir a los menores migrantes, insistiendo en que hay que aplicar "medidas complementarias" a las que se proponen, es decir financieras, para que los jóvenes que se reparten por las autonomías tengan un futuro.

Tras lamentar que siempre se atribuya al PP todas las culpas por esa falta de acuerdo en materia migratoria, ha recordado que este Gobierno lleva seis años gobernando y que "tiene la obligación de liderar las políticas de este país, también las de inmigración". Por ello, ha pedido a Pedro Sánchez una política de inmigración integral para hacer frente a la situación, antes de recordarle que tiene una propuesta encima de la mesa en materia migratoria y que no han recibido ninguna respuesta.

CUESTIÓN DE COMPETENCIAS

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó este jueves que “no es cierto” que el Gobierno se negase a estudiar la última propuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para solucionar la crisis de los menores inmigrantes no acompañados, y sostuvo que quien siempre “ha dado la espalda” al acuerdo ha sido el Partido Popular, según aseguró durante una entrevista en la Cadena SER, recogida por Servimedia.

El ministro argumentó que Clavijo “envió una última propuesta de un texto para una modificación puntual que cambia absolutamente todo lo que llevamos trabajando durante un año, que es la modificación del artículo 35” de la Ley de Extranjería.

“Los menores son competencia autonómica, y qué Canarias este fundamentalmente en las portadas se debe básicamente a la situación de los menores no acompañados”, remarcó.

El titular de Política Territorial recordó que “estamos hablando de 5.000 menores, niños”, y aseveró que, si el Partido Popular “hubiese tenido otra actitud de responsabilidad verdadera, de solidaridad cierta, esos niños estarían muchísimo mejores distribuidos en el conjunto del país, asistiendo a las clases de los colegios pertinentes, aprendiendo nuestro idioma integrándose en nuestra sociedad”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que también ha sido "duro" con el PP, al tiempo que le recordó que las competencias en esta materia las tiene el Ejecutivo central.

"Yo soy duro y he sido crítico con los dos grandes partidos pero siempre digo que el que gobierna tiene un plus de responsabilidad", ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, el presidente comentó que, legalmente, no hay nada que impida al Estado "dar un paso al frente y asumir la distribución de esos menores", ya que el artículo 2 de la Constitución lo ampara, así como la Ley de Extranjería. "Si no hay una mayoría, ¿qué hacemos?, ¿nos quedamos dándonos contra el mismo muro o buscamos alternativas? Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, que debería haberlo hecho el Gobierno de España, es poner otra alternativa", dijo Clavijo, que criticó que 15 días después de remitirle la propuesta de decreto ley de distribución extraordinaria al Gobierno de España, éste no haya contestado.