Este lunes ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional contra Pompeyo González el jubilado burgalés que se enfrenta a 22 años de cárcel por el envío de cartas bomba.
Mandó seis cartas explosivas en 2022 al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania y a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). El acusado negó la autoría de estos envíos cuando fue detenido.
"Os habéis confundido, a mí me gusta la marquetería" se justificó cuando en su casa de Miranda de Ebro (Burgos), y en la basura que había arrojado al contenedor durante los cinco días que estuvo sometido a vigilancia, se encontraron materiales utilizados para elaborar los sobres explosivos: fundamentalmente tornillería y fósforos de cerillas.
El acusado, que se encuentra en libertad provisional, ha pedido declarar una vez que comparezcan los peritos y testigos, con lo que en esta primera jornada han desfilado ante el tribunal los agentes que intervinieron en la investigación de estos artefactos, todos ellos detectados sin llegar a explotar, a excepción del enviado a la embajada de Ucrania.