El Consejo de Ministros aprueba indemnizar a 130 víctimas de la talidomida
Este fármaco que se prescribía a las embarazadas para aliviar las náuseas provocó graves malformaciones a sus bebés
Foto: Redacción |Vídeo: Telemadrid
Redacción / Servimedia
El Consejo de Ministros ha aprobado indemnizar a 130 víctimas de la talidomida en España, el fármaco que provocó en los años 50 y 60 malformaciones en fetos.
Ha sido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la que ha difundido la decisión del Consejo a través de un vídeo, como ya ha hecho en otras ocasiones.
El decreto regula una serie de ayudas económicas. En total, y tras la evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid, las recibirán 130 personas y siete están a la espera de una resolución por parte de la administración.
El importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.
Las víctimas acogen esta medida con una sensación agridulce ya que, tras décadas de lucha, recibirán las ayudas pero no estarán exentas de tributación, como han pedido las víctimas, para tener la misma consideración que los afectados por el VIH o el terrorismo.
Hace 73 años que nació el primer afectado por la talidomida. Un fármaco prescrito a las embarazadas para aliviar las náuseas y el cansancio en los primeros meses de gestación.
Se comercializó con este fin en más de 50 países, entre ellos España, durante los años cincuenta y sesenta. Tras consumirlo, los bebés nacían con graves malformaciones.
Hasta ahora, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009.
Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida.