El Gobierno trata de sacar adelante la ley de Seguridad Nacional a pesar de las dudas legales
La ley contempla que, en casos de crisis, se puedan exigir servicios forzosos a los ciudadanos sin indemnización
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Desde el independentismo catalán se intentó bloquear la ley de Seguridad Nacional, que sigue su tramitación parlamentaria. Una norma que el ministro Bolaños intenta sacar adelante a pesar de las dudas de su encaje legal. No solo por parte del Consejo de Estado, sino también de un informe interno de la Moncloa.
En casos de crisis se puedan exigir servicios forzosos a los ciudadanos sin indemnización es algo que contempla esta ley. Esto es lo que el Consejo de Estado cuestionó, así como un informe de la Moncloa. Ambos documentos, además, dudan del encaje legal de otro pilar de la ley: la implicación obligada del sector privado.
“Se incorpora también en este catálogo la regulación de la participación del sector privado en la contribución de estos recursos”, señaló Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Pese a las objeciones, el Consejo de Ministros aprobó en febrero la ley de Bolaños sin incorporar las recomendaciones del Consejo de Estado, que denunció defectos en la tramitación, e ignorando los peros de su propio departamento.
El ministro aludía a la necesidad de que el Gobierno pueda controlar todos los medios con que pueda contar: “En momentos de crisis el Estado necesita mejorar sus capacidades para contar con todos sus recursos disponibles”.
La norma prosigue con su trámite parlamentario, no porque los socios habituales del Ejecutivo lo permitieran, que presentaron enmienda a la totalidad. Al rescate salió el PP, con la idea de introducir mejoras en el articulado.
“Que nadie se equivoque el texto que plantea el Gobierno tampoco es el texto que quiere el PP para la seguridad nacional”, incidió Cuca Gamarra, secretaria general del partido.
Precisamente el PP recuerda este apoyo para reprochar a Sánchez que no se les haya consultado nada en torno a la ley de secretos oficiales.