El PSOE ha vuelto a posponer la votación de su paquete fiscal ante la falta de apoyos suficientes para sacarlo adelante, un retraso que deja en el aire no solo las medidas tributarias -entre ellas, el impuesto a la banca- sino la transposición de la directiva que fija un tipo mínimo para las multinacionales.
Según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, la Comisión de Hacienda prevista para este jueves se ha desconvocado en el último minuto y se pospone hasta el lunes a las 17.00 horas, después de días de vetos cruzados a las propuestas del PNV y Junts, de una parte, y de ERC, Bildu y Podemos, de otra.
Aunque las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se han intensificado este jueves, el acuerdo no ha sido posible debido a la negativa de algunas formaciones, como ERC o Bildu, de apoyar el paquete fiscal a menos que incluyera el impuesto a las energéticas, una opción que supondría perder el voto de Junts.
La aprobación de esta ley se complicó cuando el PSOE decidió introducir como enmiendas una serie de medidas tributarias pactadas con el PNV y Junts, que implicaban mantener el impuesto temporal a la banca pero dejar caer el energético.
Los socios de izquierdas del Gobierno, ERC, Podemos y EH Bildu rechazaron apoyar un paquete fiscal que no incluyera el impuesto energético y, tras días de negociaciones, solo Sumar ha garantizado su voto favorable tras alcanzar su propio acuerdo (con medidas como gravar los seguros de salud privado o un impuesto al lujo).
La comisión desconvocada iba a debatir la ley que transpone la directiva europea que fija un tipo mínimo para las multinacionales, que cuenta con cierto consenso parlamentario y que incluso el PP se ha mostrado dispuesto a apoyar, siempre que no se añadan nuevos tributos como los que han estado negociando el PSOE y sus socios.
Los vetos cruzados ponen en peligro no solo el paquete fiscal, sino la propia transposición de la directiva, que ya está fuera de plazo y que todavía tienen que pasar por el Pleno, el Senado y -probablemente- volver al Congreso antes de que acabe el año para entrar en vigor a tiempo.