Continúa creciendo el número de denuncias por las fotos falsas de desnudos de chicas menores en Almendralejo. Los padres de las afectadas, que podrían superar la treintena, temen que las imágenes hayan llegado a páginas de pornografía infantil mientras que la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto de oficio una investigación para cortar su difusión.
La policía ya tiene identificados a algunos de los menores que podrían ser los autores de los falsos desnudos de las niñas de Almendralejo y otros pueblos de la comarca. Un chico ha acudido voluntariamente a declarar con sus padres. Fue uno de los creadores del grupo de Whatsapp y, a su vez, hermano de una de las víctimas. El joven asegura que abandonó el chat al ver lo que circulaba por él.
La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación de oficio. Las afectadas pueden solicitar la retirada urgente de las imágenes publicadas en internet a través del "Canal Prioritario" con el que cuenta la Agencia.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se manifestó este miércoles preocupado por la difusión de falsos desnudos de menores realizados por inteligencia artificial en Almendralejo (Badajoz). Se mostró convencido de que la normativa actual es suficiente para hacer frente a estos tipos delictivos que, en este caso, han sido perpetrados también por menores.
Entiende el fiscal general que este tipo de casos, en los que está involucrado el uso de nuevas tecnologías, son “preocupantes y repetitivos” y tienen que se objeto de estudio ante la posible “comisión de futuros delitos y para invadir espacios de vulnerabilidad de los menores y la juventud”.
Entiende que, “aunque pudiera haber medios comisivos que ahora mismo no nos imaginamos que deban suponer modificaciones en el Código Penal”, el actual “protege bienes jurídicos concretos, en este caso personalísimos, de tal forma que el medio comisivo pueda llegar a ser irrelevante”.
Indicó que el Ministerio Público no ha recibido por el momento el atestado policial sobre este caso, pero se mostró convencido de que el Código Penal está “adaptado a las nuevas realidades” y contiene herramientas de “protección y educación” para abordar este tipo de situaciones, por lo que no consideró necesario emprender ahora una reforma legal.