La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este miércoles, en sus conclusiones definitivas, sus peticiones de penas de prisión de hasta 7 años y multa de 50 millones de euros para los exmiembros de la cúpula de UGT de Andalucía juzgados en la Audiencia de Sevilla por una supuesta trama de facturas falsas.
La Sección Tercera enjuicia al exsecretario regional del sindicato Francisco Fernández Sevilla y a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, acusados de un delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil.
Estos posibles delitos están relacionados con la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados más de 40 millones de euros de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía para cursos de formación.
Además de a Fernández Sevilla, el tribunal juzga al que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Chapín y la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, así como el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados SL, y otras personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de empresas.