El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado este jueves prisión provisional para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que han pasado este jueves a disposición judicial, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional así lo había tras su comparecencia hoy ante el juez, celebrada después de que dos admitieran ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para "meter ruido" el 1-O.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sitúa a los 7 detenidos en Cataluña en el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), el sector más "radical, clandestino y comprometido" de los Comités de Defensa de la República (CDR). El juez se pronuncia en esos términos en uno de los siete autos de prisión, en el que subraya que hay indicios de que los detenidos pretenden "lograr la materialización de la República Catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas".
Todo ello dentro de "la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo", según el magistrado, que imputa a los acusados delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y de conspiración para la comisión de estragos.
A su juicio, esa organización tiene "capacidad suficiente para llevar a cabo maniobras con un alto nivel de profesionalización". En el caso de Xavier B.L., de acuerdo con el auto al que ha tenido acceso Efe, considera que se trataba de "un miembro especialmente activo" de ese Equipo y que ocupaba "una preeminente posición en la estructura" en la que se encargaba de la planificación, el desarrollo y la puesta en marcha de las acciones violentas".
Explosivos caseros
Dos de los detenidos, que han comparecido con abogados de oficio, admitieron ante la Guardia Civil, antes de pasar ante el juez, su participación en la adquisición de varias sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos caseros, tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.
Los otros cinco, representados por letrados de Alerta Solidaria, se han limitado a contestar a preguntas de sus respectivos abogados para negar haber participado en actividades terroristas como les acusa la Fiscalía.
Eva Pous, abogada y portavoz de estos cinco detenidos, ha lamentado en declaraciones a los periodistas, tras finalizar las comparecencias, que se les haya "negado" ver el expediente donde figuran "los indicios básicos" que hay contra ellos y con ello el "derecho básico de defensa". Con sus interrogatorios, ha añadido, han intentado "acreditar" que sus representados son "personas normales y corrientes" y con ello desvincularse de los delitos que el fiscal les atribuye.
Fuentes de Alerta Solidaria han indicado a Efe que creen sospechosa la forma en que se asignó abogado de oficio a los otros dos presuntos miembros de los CDR que confesaron ante la Guardia Civil y apuntan a que podrían haber sufrido presiones.
Habeas corpus
Las declaraciones se han prolongado aproximadamente de las 11.00 a las 14.30 horas tras haber sido trasladados los siete detenidos a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional desde las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) en las que han permanecido arrestados desde el pasado lunes.
Junto a estos siete fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), si bien la Guardia Civil les dejó en libertad a última hora del lunes con la obligación de comparecer ante el juez cuando se les cite.
Dos de los detenidos presentaron un habeas corpus -figura que permite la puesta a disposición inmediata ante el juez para hacer alegaciones si se considera que el arresto no se ha ajustado a la ley-. Tras comparecer anoche ante el magistrado, regresaron después a dependencias de la Guardia Civil y hoy han vuelto a ser conducidos a la Audiencia Nacional.
A raíz de las detenciones, la Fiscalía explicó en un comunicado que se les imputaban delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos y que les acusa de ultimar acciones terroristas. Si bien, finalmente el delito de rebelión ha decaído en la petición del fiscal y ha mantenido el de terrorismo y tenencia de explosivos, a los que se ha unido el de estragos.
En los diez registros practicados en esta operación, la Guardia Civil encontró que habían realizado consultas en Google, y disponían de información y planos sobre edificios públicos, incluida una casa cuartel de la Guardia Civil.
La operación, que se encuentra bajo secreto, es fruto de una investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas.
