El Gobierno reformará la ley de salud sexual y reproductiva con un objetivo: que en todos los hospitales públicos se puedan realizar abortos. La gran mayoría de las interrupciones del embarazo se derivan ahora a centros privados.
El Colegio Oficial de Médicos de Madrid subraya que la reforma choca con la objeción de conciencia y se pregunta cómo se va a hacer sin limitar la objeción de conciencia.
La ministra de Igualdad, Irene Montero ha anunciado que en todos los hospitales públicos estará garantizado el aborto. La reforma de la ley del aborto blindará el derecho de la mujer a abortar en los hospitales públicos y para ello estos deberán garantizar profesionales que los practiquen.
La Ley elimina la obligación del periodo de reflexión de tres días y permite a las chicas de entre 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. "Del mismo modo que son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos", ha dicho Montero.
No obstante, son muchos quienes creen que a esa edad “no se está preparado para tomar una decisión de esa envergadura”.
Son algunas de las principales modificaciones a la actual ley del aborto que ha avanzado Montero, durante su comparecencia en el Congreso, en la que ha anunciado que será la mujer quien decida el método de interrupción del embarazo, el centro de salud le dará toda la información necesaria y la derivará al hospital por procedimiento de urgencia.
Respetar la objeción de conciencia
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido que la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en la región y ha recalcado que se debe respetar el derecho a objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en este sentido.
"Nosotros lógicamente como administración si hay hospitales donde todos los profesionales están acogidos a ese derecho de conciencia, por supuesto que tendremos que respetarlo, siempre que garanticemos que se pueda practicar el aborto en otras situaciones", ha defendido.
La reforma quiere eliminar que los médicos informen sobre alternativas al aborto. Esa información se dará sólo si la mujer lo pide. Según Sanidad, en 2019 hubo 4 abortos en centros públicos madrileños.