Unos 6.000 comercios de proximidad cierran al año en nuestra región. Los más afectados son las carnicerías y pescaderías.
La presión normativa, dicen, asfixia a muchos de estos establecimientos que además, tienen que luchar contra la falta de relevo generacional.
A esto se suma una caída del consumo o la proliferación de supermercados y grandes superficies.
Se quejan de que la incorporación de planes de igualdad o la factura electrónica suponen un sobrecoste de unos 6.000 euros al año para cada establecimiento comercial.