El trabajo de los funcionarios podría ser evaluado de forma individual. Los cerca de tres millones de empleados públicos de la Administración del Estado se someterán a exámenes anuales de su rendimiento y logros profesionales.Sus retribuciones salariales y ascensos en la carrera profesional dependerán de estas evaluaciones que serán obligatorias.
Y que de no ser superadas podrían implicar la pérdida del puesto que ocupan en la Administración forzando el traslado a otros desempeños.
El objetivo es mejorar la productividad y la calidad de los servicios públicos. Los criterios de esa evaluación serán negociados entre la Administración y los sindicatos.
Esta es una de las reformas comprometidas por el Gobierno de España con Bruselas a cambio de seguir recibiendo fondos europeos. El ejecutivo tiene que abordar la renovación de las plantillas públicas.
Más de la mitad de los funcionarios tiene más de 50 años, y en menos de una década afrontarán jubilaciones masivas, que exigen planificar cuantos recursos humanos se necesitarán en los próximos años.