El Gobierno ha dado este martes luz verde a la ampliación de la Ley de Memoria Histórica, rebautizada como Memoria Democrática. El anteproyecto, entre otras cuestiones establece desde la anulación de los juicios del franquismo a la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos en la dictadura. Pero va mucho más allá y con la intención de "resignificar" el Valle de los Caídos contempla desde la reubicación de los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera a la posible extinción de la Fundación Francisco Franco.
Una ley que, sin embargo no contenta a nadie. "El Gobierno, si quiere, mañana se pone a buscar a los desaparecidos", asegura Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Memoria Histórica que cree que "no hacía falta una ley". "Igual interesa la bronca parlamentaria y la discusión", asegura mientras espera que el Parlamento mejore la ley.
La Fundación Francisco Franco anuncia que irá a los tribunales. "Se trata de una ley que en vez de unir a los españoles, nos divide y nos enfrenta" asegura Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco.