Casi 400 medidas para un Gobierno progresista. Pedro Sánchez ha presentado su proyecto para la próxima legislatura rodeado y apoyado por gran parte de su Ejecutivo. Propuesta que llevará a la mesa de negociacion para tratar de desbloquear la situación. Mientras, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este martes que tras aceptar la "humillación" de ser vetado para entrar en un Gobierno de coalición, no aceptará que el PSOE ahora intente humillar a los 3,7 millones de votantes de Unidas Podemos impidiendo que su formación entre en el Ejecutivo. Insiste así en un Gobierno de coalición para dar "estabilidad" al Ejecutivo.
El documento programático presentado por el PSOE para tratar de recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno insiste en diversas medidas fiscales con las que aumentar la recaudación fiscal de España, actualmente del 37,9% en relación al PIB, para equipararla con la media europea, del 46,1%.
En concreto, el área fiscal del documento, titulado ‘Propuesta abierta para un programa común progresista’, mantiene las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ya trató de llevar a cabo con el proyecto de Presupuestos de 2019, rechazados por el Congreso de los Diputados, así como otras iniciativas paralelas para la aprobación de nuevos impuestos.
Así, el PSOE sigue proponiendo la creación de nuevas figuras impositivas como el Impuesto a las Transacciones Financieras, conocido como ‘tasa Tobin’, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
El documento también incluye el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la conocida como ‘tasa Google’, con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan.
Otras medidas en términos tributarios son el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos; la reducción de dicho impuesto del actual 25% al 23% para las pymes; o la reducción del IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. Sobre las sociedades, además, también propone limitar las exenciones de dividendos o plusvalías de sociedades por su participación en otras compañías.
Sin mención al IRPF
Por otra parte, el documento no hace ninguna mención al IRPF, impuesto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez proponía en su proyecto presupuestario crear nuevos tramos con mayor carga impositiva a partir de los 130.000 y 300.000 euros anuales.
Sin embargo, el texto menciona la necesidad de “recuperar la progresividad del sistema” fiscal, “haciendo que quienes más capacidad económica tienen contribuyan en mayor medida”, o que “el objetivo es que quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo”, pero sin referencias específicas al IRPF.
Otra medida fiscal contemplada anteriormente por el Gobierno de Pedro Sánchez y que no es mencionada en este documento es la modificación del Impuesto de Patrimonio, sobre el que se proponía en el proyecto de Presupuestos de 2019 aumentar la tributación de los patrimonios superiores a 10 millones de euros.
El documento tampoco hace mención directa a la subida del impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina, otra medida anunciada anteriormente por el Ejecutivo de Sánchez, pero sí habla en el área de transición ecológica de promover “una fiscalidad medioambiental que nos coloque a la altura de la media de la OCDE, reflejando adecuadamente externalidades, facilitando las decisiones de inversión y gasto coherentes con lo que necesitamos y liberando recursos para acompañar políticas de solidaridad, descarbonización, protección de la salud e innovación”.
Sobre esta área, el documento presentado este martes también asegura que el Gobierno socialista promovería el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo y revisaría “los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización, en su eficacia, y en la coherencia con las políticas de transición ecológica”.
Fraude Fiscal
El documento también mantiene las medidas que el Gobierno de Sánchez ya defendía en materia de lucha contra el fraude, como la aprobación de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y la elaboración de una Estrategia nacional contra el fraude fiscal; el refuerzo de los medios dedicados a la lucha contra el fraude; la actualización de la lista de paraísos fiscales; potenciar la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y la prohibición de las amnistías fiscales.
Además, propone reducir a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales puedan realizar en efectivo en el seno de su actividad empresarial o profesional, sin que dicha limitación afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular; incluir a los responsables solidarios a la lista de morosos de la AEAT y la reducción del importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros.
También propone aumentar el mayor control sobre las Sicav, de modo que la Agencia Tributaria pueda regularizar fiscalmente aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la normativa financiera.
