Hay preocupación en España por una salida abrupta del Reino Unido. Bilbao es la principal entrada y salida de mercancías británicas en nuestro país, Gran Bretaña es su principal socio comercial y están en juego 2.000 millones de euros.
Ricardo Barkala, director de la Autoridad Portuaria de Bilbao, asegura que “de las 35 millones y pico de toneladas que mueve el Puerto de Bilbao, el 17% es con el Reino Unido. Es nuestro destino, tanto para la exportación como la importación, el número uno. Por lo tanto, seríamos dentro del sistema portuario estatal el puerto más afectado en ese sentido”.
Más controles aduaneros y trámites
Barkala asegura que la Autoridad Portuaria de Bilbao lleva trabajando “intensamente con distintos ámbitos y entidades. Estamos, por supuesto, con entidades públicas, el Gobierno vasco, la Aduana Marítima… que obviamente se verán muy afectadas por lo que ocurra”.
Bilbao, junto Santander, cuenta con el mayor tráfico marítimo entre España y Reino Unido en líneas de transporte de mercancías y ferris, por lo que van a padecer más controles aduaneros y trámites.
Los aranceles para un brexit duro afectaría
La nueva política arancelaria temporal propuesta por el Gobierno británico para un escenario de Brexit sin acuerdo podría afectar a sectores claves de la economía española, como la cerámica, el motor o el agroalimentario.
Después del rechazo parlamentario al plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el Ejecutivo de la primera ministra, la conservadora Theresa May, presentó este miércoles una serie de medidas arancelarias, que se aplicarían solo durante doce meses desde la fecha oficial del 29 marzo fijada para este divorcio.
En el caso de que Londres optase por un Brexit duro, la nueva política arancelaria eximiría de aranceles a un 87% de las importaciones (frente al 80% actual), sobre todo de fuera del bloque comunitario.
De acuerdo con las tablas del Ministerio británico de Comercio, las importaciones de coches y camiones desde la UE al Reino Unido llevarían tarifas del 10,6%, la misma que se impondría a las multinacionales que operen en un país comunitario.
