Este jueves se cumplen seis años del pleno del Parlament en el que se aprobaron las llamadas "leyes de desconexión" para celebrar el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Era el inicio de la situación que hoy vivimos en España, en la que se negocia con el Gobierno una amnistía para todo lo sucedido entonces.
La posibilidad de que el Gobierno conceda a Puigdemont la amnistía que ha reclamado para apoyar la investidura de Sánchez llega tras un puñado de declaraciones en el pasado de dirigentes del gobierno, comenzando por el mismo presidente actual en fuciones, Pedro Sánchez, considerando “imposible” conceder esa medida a los condenados y a los fugados.
Crecen las voces en el PSOE que se manifiestan totalmente en contra. Este jueves ha sido Alfonso Guerra, el expresidente socialista, el que pedía a su partido que no inicie ese camino que supondría “condenar a la Transición”.
Durante una entrevista en la Cadena Cope, Guerra expresó su posición de manera contundente. 'Se están implementando políticas que encajan con la socialdemocracia, especialmente en cuestiones sociales. Pero hay otras áreas que no concuerdan con los aspectos constitucionales', afirmó.
'Si se materializan las medidas que están anunciando, auguro un camino hacia la decadencia para España', expresó Guerra. También el exvicepresidente del País Vasco Ramón Jáuregui (PSOE) rechaza la amnistía porque es "inconstitucional": "Supone una legalización encubierta de actos contra el Estado que en todo el mundo están penados".
También ha rechazado esta medida el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que considera que esta amnistía "vulnera el principio de igualdad ante la ley" y "choca con la Constitución".
En el PSOE apelan a la prudencia y a la discreción en las negociaciones con Junts para una hipotética investidura de Sánchez y recuerdan que los estatutos federales del partido no obligan a consultar a la militancia cualquier posible acuerdo con la formación de Puigdemont.
En concreto, los estatutos señalan que será "obligatoria y vinculante" la consulta a la militancia sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político, para decidir la revocación del secretario general socialista y también para decidir sobre acuerdos de gobierno en los que forme parte el PSOE.
Por ello, el PSOE sí está obligado a consultar a la militancia sobre un acuerdo de coalición con Sumar en el caso de que Sánchez sea investido de nuevo presidente, como ya ocurrió en 2016 ante la posibilidad de formar gobierno con Ciudadanos y más recientemente, en 2019, con Unidas Podemos.
En cambio, las consultas sobre otro tipo de cuestiones, como un hipotético pacto con Junts para la investidura de Sánchez que incluya la ley de amnistía, no son obligatorias, pero podrían celebrarse si así lo decide la Comisión Ejecutiva Federal.