Van Grieken reconoce "reiteradas" llamadas al rector por el máster de Cifuentes al "afectar al Gobierno regional"
- La jefa del Servicio de Gestión Académica afirma que Amalia Calonge no estaba autorizada a modificar las notas de Cifuentes, pero esta asegura que lo hizo por orden de Pablo Chico, cuestión que este niega
El exconsejero de Educación Rafael Van Grieken ha reconocido en el juicio que se celebra contra Cristina Cifuentes por el 'caso Máster' que realizó "reiteradas" llamadas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al tratarse de "algo que afectaba al Gobierno regional" y entraba dentro de sus competencias.
Van Grieken, que actualmente ejerce como catedrático en la URJC, ha comparecido como testigo en la vista oral en la que la expresidenta regional se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad del acta sobre la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Lo hace después de que el pasado viernes Javier Ramos manifestara que el exconsejero le pidió el acta de defensa del TFM, cuya defensa Cifuentes reconoció que no realizó.
Así, ha relatado que la noche del 20 de marzo de 2018 recibió un mensaje del rector y le comentó que hablarían por la mañana al no ser horas. "Lo que hice es llamarle esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información y que todo era normal. Me quedé tranquilo", ha señalado en relación a la información publicada en 'eldiario.es' y que destapó la polémica.
El testigo ha señalado que llamó al rector tras la rueda de prensa ofrecida para pedirle la documentación en la que se habían basado para realizar las diferentes manifestaciones que realizaron en la comparecencia para dar explicaciones a los medios. "Era un tema importante y había que hacer acopia de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación", ha dicho apuntando que se remitió la información tres horas después.
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Además, ha comentado que le llamó la jefa del gabinete, Marisa González, y le trasladó que querían asesoramiento acerca de la situación. "Yo solicito de forma reiterada la documentación en general", ha subrayado y ha dicho a preguntas de la fiscal, que sus gestiones estaban dentro de sus competencias al ser su Consejería la interlocutora con las universidades madrileñas. "Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública", ha agregado.
Finalmente, ha recalcado que para él era "lógico" que el propio rector hubiera buscado el acta, dado que ningún profesor guarda este tipo de documentos. "Confié en la legitimidad y le daba totalmente credibilidad al rector. No tenía ninguna duda de que se había comprobado de que era la verdad", ha apostillado.
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Entre los testigos que han desfilado ante la juez, la jefa del Servicio de Gestión Académica y Alumnos de la universidad Victoria Vilches ha afirmado que Amalia Calonge no estaba autorizada en modificar las notas de los alumnos, ya que había cesado de su cargo en la secretaría del Campus de Móstoles y en esos momentos trabajaba e el registro de Alcorcón. "Me sorprendió mucho que tuviera acceso y lo comuniqué al vicerrector", ha recalcado.
La declaración llega el mismo día en el que la funcionaria Amalia Calonge ha manifestado ante el tribunal que Chico la dio instrucciones para cambiar las notas y que ella estaba autorizada para tal modificación. En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.
La testigo ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Posgrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento, por lo que protestó ante el vicerrector José María Alvarez Mozoncillo."Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres", ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de "muchísimos alumnos" ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.
"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quien se lo dijo?", ha preguntado el letrado de la URJC. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha contado.
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A preguntas sobre si la habilitaron para modificar las notas, ha replicado que ese extremo no es automático y que ella ya estaba autorizada. "Fue por orden del vicerrector, quien es quién tiene la competencia para ello. Yo me he enterado después, en un juzgado", ha dicho. Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha dicho.
La funcionaria estuvo presente en una de las reuniones después de que saltara la polémica con la noticia de 'eldiario.es', en la que el director del Instituto de Derecho Público(IDP) Enrique Alvarez Conde --fallecido-- dijo que tenía el trabajo de Cifuentes y que lo podía tener en su casa y en su despacho. "Varias personas le dijimos que fuera a buscarlo, entre ellas yo", ha dicho. Además, ha indicado que vio el acta encima de la mesa y que la enviaron al Rectorado por correo electrónico. "Vi el actilla que salió en la prensa y que parece ser que estaba falsificado. Lo vi antes de la rueda de prensa.
El catedrático y profesor Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha afirmado en el juicio que no instó a la funcionaria Amalia Calonge a modificar las calificaciones de la exlíder madrileña, aseverando que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid. "Esta señora faltó a la verdad", ha subrayado el testigo en el juicio que se sigue contra Cifuentes y en el que ha manifestado que el interés de la exasesora de Educación María Teresa Feito en recabar información tras publicarse la información era porque "había una rueda de prensa que tenía que dar la presidenta y necesitaba tener esa aclaración".
El catedrático ha señalado que tuvo una conversación con Calonge en 2014 en la que le trasladó "que había una estudiante que tenía un problema y que le aparecía no presentado". "Le dije que podía revisar la calificación y efectivamente hago ese proceso y veo que tiene calificación de notable. Reviso la calificación y confirmo que tiene notable", ha indicado aclarando que no le pidió que lo modificara. "Esta persona realizó una modificación de forma arbitraria. Yo le di un dato académico. Esta persona actuó de mala fe. Bajo ningún concepto se hablo del TFM. En ningún momento yo he participado en ningún trabajo de ningún estudiante", ha recalcado.
Según su testimonio, el rector le comentó que tenía que ponerse en contacto con Feito, quien "le premiaba si le daba cualquier dato porque la presidenta iba a comparecer y tenía que tener la aclaración de lo que había ocurrido". "Me dijo: "¡me lo tienes que mandar ya!. No fue una conversación fácil. Lo prudente era con sosiego buscar toda la documentación", ha recordado.
