El Gobierno trataba de explicar este jueves el alcance de las cesiones a Junts, el partido de Puigdemont, para poder aprobar dos decretos que salieron adelante por los pelos gracias a que los independentistas decidieron no votarlos. Pedro Sánchez defendía sus cesiones a Puigdemont con un "bien está lo que bien acaba".
Junts se felicita por lo que ha conseguido de Pedro Sánchez: blindar la amnistía, delegar todas las competencias de inmigración a Cataluña, publicar las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, revertir la norma que favoreció la marcha de empresas de Cataluña, bonificar al 100% el transporte público, o fijar el IVA del aceite de oliva al 0%.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los partidos que, como el PP, rechazaron los reales decretos votados en el pleno del Congreso que reconsideren su estrategia y abandonen su "oposición destructiva", y les ha garantizado que si lo hacen contarán con su plena disposición a llegar a acuerdos.
Lo ha hecho en su intervención de clausura en las jornadas "Spain Investors Day" celebradas en Madrid. "Si lo hacen -ha subrayado- les aseguro que contarán con la disposición total y absoluta del Gobierno a acordar".
Este jueves, varios ministros del Gobierno se han esforzado por explicar esas cesiones a los independentistas. La consigna parece ser, vender lo conseguido.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero sostiene que, con ellos, "ganaron los ciudadanos la mayoría social del país" mientras el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegura que "ayer ganaron los ciudadanos y las familias".
La consellera de la Presidencia del Gobierno catalán, Laura Vilagrà, ha asegurado que el Govern de la Generalitat ha pedido al Gobierno este jueves conocer "la letra pequeña" del traspaso de competencias en materia de inmigración.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, aclaró este jueves que, a partir de ahora, mediante una ley orgánica se hará el traspaso de “todas las competencias necesarias” para que la Generalitat de Cataluña pueda hacer la “gestión integral” de la inmigración.
Así lo indicó Turull en una entrevista en Catalunya Radio recogida por Servimedia, haciendo alusión al acuerdo alcanzado ayer con el PSOE. Preguntado sobre qué se podrá hacer que no se puede hacer ahora, Turull habló de temas como los flujos migratorios. En la entrevista se hablaron también de competencias de extranjería, permisos de trabajo y de gestión de fronteras, pero apuntó que aún se tienen que poner a redactar “la letra pequeña”. “Veremos todo aquello que se pueda traspasar de todo lo que está haciendo el Estado en materia de inmigración, acompañado de los recursos”, destacó, y comentó que se gestionarán también políticas de integración para que “la gente que venga” sepa que “está en una nación que se habla el catalán” y que “es importante para vivir saber esta lengua”.
Por su parte, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamaba al Gobierno "plasmar ya" el compromiso para la transferencia a Euskadi de la política de inmigración que ya reclamó la legislatura pasada.
Le contestaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que reafirmaba la "voluntad" del Gobierno de España de, en los próximos tres meses, "avanzar" en la transferencia de competencias de integración y acogida, "que tienen que ver con la inmigración", al Ejecutivo vasco.
Torres, ha defendido que el traspaso de las competencias de inmigración del Estado a la Generalitat acordado por PSOE y Junts "cabe perfectamente" tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Para ello, ha indicado que el Gobierno tiene que desarrollar este acuerdo a través de una ley orgánica que, eso sí, "lógicamente tiene que tener los apoyos suficientes" para que pueda salir adelante.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha exigido este jueves una reunión "urgente" de la conferencia sectorial de migraciones para que se aclare el acuerdo alcanzado este miércoles entre el Gobierno central y Junts sobre las competencias en inmigración. El portavoz canario ha mostrado la "preocupación" del Ejecutivo por el acuerdo "bilateral" alcanzado en el Congreso y por ello esperan conocer "la letra pequeña" dado que es "fundamental" conocer a qué tipo de acuerdos se llega con las comunidades autónomas.
Cabello ha criticado que no tienen "información" sobre ese acuerdo y ha defendido que en la sectorial "es donde toca" abordar acuerdos de ese tipo porque una negociación entre el Gobierno y un partido político no puede "condenar" a Canarias.
Baleares también ha pedido que se reúna la Conferencia Sectorial además de saber las afectaciones que tendrá en el resto de autonomías, dado que entienden que es una política "muy importante" que se tiene que "llevar de manera coordinada", incluso a nivel europeo, y tiene que haber "solidaridad entre autonomías". En este caso, también ha puesto el ejemplo que si Canarias solicita el traslado de personas a la Península, el pacto tiene que aclarar si Cataluña puede o no recibir migrantes.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno que explique el alcance de la decisión de traspasar las competencias de inmigración a Cataluña."La política migratoria es una cuestión de Estado y debe ser tratada como tal y no estar al albur de las decisiones caprichosas del Gobierno de Sánchez", ha señalado Camarero en declaraciones facilitadas a Europa Press, en las que advierte de que la política migratoria "no puede ser moneda de cambio por los intereses del Gobierno".
Mientras, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha pedido la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, para abordar la cesión de la materia de inmigración a Cataluña dado "los efectos perniciosos" que puede tener la medida en el control de la inmigración irregular que llega a las dos ciudades españolas del norte de Africa.