La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que no ha propuesto ninguna medida concreta para limitar las retribuciones "abusivas" de los altos directivos, pero ha insistido en que se trata de un debate "de primer rango" que se puede afrontar desde "múltiples posibilidades", también fiscales.
Díaz, en declaraciones a la prensa a su llegada a la clausura de unas jornadas de UGT sobre el futuro del empleo, ha indicado que lo único que ha hecho es "referir datos" sobre la distancia retributiva que existe entre los trabajadores y los directivos de sus empresas.
En este sentido, ha denunciado que los presidentes ejecutivos del Ibex 35 cuentan con unas retribuciones aproximadas de 10 millones de euros, cifra que multiplica por 174 las retribuciones que perciben los trabajadores de esas mismas empresas.
Además, ha resaltado que la remuneración media de los consejeros ejecutivos de las empresas que conforman el Ibex multiplica por 54 el salario medio de un trabajador de esa misma empresa.
"Por tanto, no hay que poner el foco en los salarios mínimos, sino en estos salarios máximos, que son abusivos", ha señalado la vicepresidenta segunda, que ha añadido que existen "diferentes modulaciones" para poder abordar esta materia.
La primera, ha explicado, sería llegar a un acuerdo sobre las retribuciones que deben percibir los directivos, porque existen ya "recomendaciones" de cuál debería ser la distancia entre éstas y las que cobran los asalariados.
Díaz ha señalado además que en algunos países se ha llegado a hacer un referéndum sobre esta cuestión y ha recordado que se ha conocido estos días una carta de más de 250 multimillonarios en la que declaraban ser "conscientes de la obscenidad de sus retribuciones" y la necesidad de contribuir positivamente a las arcas públicas.
La vicepresidenta ha contrapuesto esta actitud con la de los empresarios españoles, que "siempre claman por que sea el pueblo el que pague impuestos y no ellos". "Este es un debate de máxima importancia en la administración norteamericana, en los sindicatos norteamericanos, en los sindicatos y las patronales europeas", ha subrayado Díaz.
La vicepresidenta ha defendido que si los trabajadores participaran en los consejos de administración de las empresas, como pretende su Departamento y establece la Constitución en su artículo 129, "estos salarios que son excesivos no se producirían".
"Yo no he dado una medida concreta, pero hay múltiples posibilidades, también obviamente fiscales, y desde luego éste es el debate y no el de los salarios mínimos en un país en el que tenemos una diferencia de 25 puntos en términos salariales con la media europea", ha remarcado.
Sobre las críticas del presidente de BBVA, Carlos Torres, de que el impuesto a la banca perjudica a la economía española, Díaz ha indicado que la recaudación del IRPF proviene en un 85% de las rentas de los asalariados, no de las rentas de capital, y que es necesario que quien más tiene, más contribuya.
"Hago un llamamiento a la clase empresarial española para que cumplan con sus mandatos constitucionales y sean corresponsables con su país. Una pequeña empresa, una autónoma, una peluquería, un pequeño negocio tributa al 17,5% y una gran corporación en el entorno del 3,8%. Esto es una gran injusticia fiscal", ha denunciado la vicepresidenta.
Preguntada por el enfado de la patronal por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y el debate sobre la reducción de jornada, Díaz ha afirmado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "se ha equivocado" al no sumarse al acuerdo para elevar el SMI de 2024 un 5%.
"El hizo una oferta para negociar que después no quiso culminar y él es el único responsable, igual que la CEOE española, de la situación en la que están. Pero el señor Garamendi sabe que los salarios en nuestro país están creciendo al 5%. Por tanto, le pido al presidente de la patronal española que se coloque en la senda del entendimiento y del diálogo y atienda a otras razones que no tienen nada que ver con la defensa de los intereses legítimos de los empresarios en nuestro país", ha concluido Díaz.