Un mes después de entrar en vigor la normativa que obliga a fichar en las empresas, los inspectores de trabajo denuncian que están desbordados. Se han multipliclado las visitas a las empresas y comercios y los técnicos aseguran que no hay personal suficiente. Dicen además que en este tiempo se han encontrado con múltiples inclumplimientos y con auténticas chapuzas.
La Inspección de Trabajo afronta su primer mes controlando que las empresas cuenten con un registro de jornada, algo que llevan a cabo con dificultades dado que cuenta con una plantilla envejecida y mermada.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que la puesta en marcha de la norma que obliga a las empresas a registrar diariamente la jornada de sus trabajadores ha duplicado la carga de trabajo de los inspectores y subinspectores de Trabajo.
A cierre de 2017, el cuerpo estaba formado por 1.789 empleados con funciones inspectoras (945 inspectores y 844 subinspectores) y el número de centros de trabajo supera con creces los 3,3 millones de empresas.
Coincidiendo con el primer mes de aplicación del registro de jornada, CSIF ha explicado que, hasta ahora, los inspectores han detectado controles horarios en las empresas "poco rigurosos y chapuceros", habiendo casos en los que desde un martes se firma el registro hasta el viernes, un comportamiento que puede ser sancionado con 1.200 euros.
Desde que se puso en marcha el registro, los inspectores recaban información en sus visitas a los centros de trabajo para confirmar si ya está operativo y si se cumplen las condiciones previstas en la norma, apunta el sindicato. En caso de que el registro no esté en vigor, los inspectores piden datos adicionales sobre el estado de las negociaciones con los representantes de los trabajadores para su puesta en marcha.
"Todo ello está suponiendo una carga añadida para un colectivo que arrastra unas carencias de plantilla que la Administración ha reconocido en una reciente reunión con los sindicatos, pero que no cuantifica", afirma CSIF, que estima que en algunas provincias la situación es "crítica".
