Más de 200 periodistas se manifiestan frente al Supremo por el 'caso Cursach'
FAPE ha entregado más de 1.000 firmas al CGPJ para adherirse a los escritos entregados ya en Baleares reivindicando el secreto profesional
EP / EF
Más de 200 periodistas se manifestaban este viernes ante el Tribunal Supremo con el lema 'Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información'. Protestan por el ataque a la libertad de información al permitirse este martes por el juez Miguel Florit incautar ordenadores y móviles a dos periodistas en Baleares para averiguar sus fuentes, mientras investigaban al ya acusado Tolo Cursach por corrupción, cuyo juicio tuvo a varios testigos amenazados de muerte. También alrededor de 60 periodistas se manifestaban enfrente del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña.
La Policía, por orden de un juzgado, se personó en las redacciones de Baleares de Diario de Mallorca y Europa Press e intervino los teléfonos móviles personales de dos periodistas, así como dos ordenadores en Europa Press. Perseguían un delito de revelación de secretos en el que habría incurrido un tercero tras una exclusiva difundida en julio sobre el caso de corrupción por el que se investiga al empresario Barrolomé Cursach.
Sindicato de Periodistas de Madrid, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y otras organizaciones han protagonizado el acto. Denuncian que se trata de un ataque "insólito" contra los derechos que blinda el artículo 20 de la Constitución y en particular, contra el derecho al secreto profesional, lo que afecta directamente al derecho fundamental de los ciudadanos a una información veraz. Por su lugar, FAPE ha entregado en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más de mil firmas para adherirse al manifiesto de la asociación de Baleares
Más de 200 periodistas firmaron un primer escrito, refrendado más tarde por más de medio millar de periodistas en un segundo escrito, que fue entregado a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, y motivaron que el Consejo Fiscal se pronunciase al respecto, no declarándose competente para opinar sobre una investigación en curso.
"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas"
El Gobierno no intervendrá
La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha mostrado este viernes su apoyo a la defensa de la libertad de expresión y ha confiado en que la Justicia resuelva la polémica levantada por la incautación de material a los periodistas.
La también ministra de Educación ha recordado que Editora Balear, propiedad de Diario de Mallorca, Europa Press y los dos periodistas presentaron en Palma una querella criminal contra el magistrado.
El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, ha declarado: "No vamos a escatimar esfuerzos en llevar el caso en los tribunales hasta el final”.
