La Fiscalía General del Estado ha anunciado este viernes que la inspección fiscal abrirá actuaciones para comprobar determinadas informaciones publicadas en los medios de comunicación que apuntan a una posible relación personal existente entre el fiscal del caso 'Tándem', Ignacio Stampa y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos "a los efectos oportunos".
La Fiscalía recuerda que el pasado 14 de febrero la inspección fiscal ya abrió un expediente como consecuencia del escrito presentado por una particular para determinar la imparcialidad de este fiscal a la vista de otras informaciones que también apuntaban a la relación personal entre el fiscal y la abogada.
No obstante, el 9 de marzo, el jefe inspector archivó esta investigación "al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria".
Las nuevas actuaciones se abren después de que "El Confidencial" y "El Mundo" publicaran conversaciones en un chat privado de abogados de Podemos el que una de las letradas comenta que los fiscales del caso Villarejo van a "ayudarles" en la causa en la que el partido se había personado como acusación popular y les transmite determinada información relativa a la instrucción de este asunto.
Las conversaciones tuvieron lugar en 2018, antes de que se abriera la pieza denominada 'Dina' en la que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora del actual vicepresidente primero del Gobierno y líder de Podemos Dina Boussellham.
Este viernes se ha desvelado otra conversación del grupo de Telegram que la letrada Marta Flor tenía con sus compañeros del equipo jurídico, en la que ésta informa que el fiscal, al que se refiere como 'Ironman', le ha comunicado "extraoficialmente, porque está secreto y no nos notificarán" que el juez había admitido unas "diligencias sin concretar nada más" y que "imagina" que son las que "ellos (fiscales) apoyaron".
Este mensaje fue enviado por la abogada el 5 de noviembre de 2018 y se podría referir al escrito que Podemos presentó el 10 de octubre de ese mismo año para pedir una batería de diligencias en el marco de la pieza principal del procedimiento, que por entonces se estaba bajo secreto de sumario.
La abogada Marta Flor ya no representa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Villarejo, tal y como se ha podido constatar en el recurso de apelación presentado contra la decisión del juez Manuel García Castellón de retirarle su condición de perjudicado en la pieza 'Dina'. El cambio de letrado se debe a que el magistrado alertó de un "conflicto de intereses" porque Flor también defiende a la exasesora de Podemos.
Vox pide explicaciones a Iglesias
Vox ha pedido este viernes la comparecencia en el Congreso del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para que dé explicaciones sobre la posible relación personal entre el fiscal del caso 'Tándem' Ignacio Estampa y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos.
El partido liderado por Santiago Abascal quiere que Iglesias comparezca ante la Comisión de Justicia para aclarar las informaciones publicadas por algunos medios de comunicación sobre una conversación de abogados de Podemos en las que mencionaban a los fiscales del caso Villarejo.
Vox denuncia este "trato de favor" recibido por un miembro del Gobierno, que le habría "dado acceso a información confidencial facilitada por el Ministerio fiscal en un procedimiento penal, afectando al normal funcionamiento de las instituciones del Estado".
"Lo de Iglesias, Dina, algunos fiscales y Villarejo no va a quedar en la prensa amarilla", ha advertido el presidente de Vox respecto al caso que afecta al líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
El Gobierno se escudó este viernes en que “no” habla de cuestiones judiciales que estén en curso, cuando se le preguntó a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, por la investigación abierta por la Fiscalía. Montero sostuvo que serán los tribunales los que tengan que aclarar esta cuestión.
