La juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa en la que investiga una presunta prevaricación administrativa cometida por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no vetar la marcha feminista en Madrid. En su auto, evidencia además "dificultades" y "reticencias" que, en ocasiones, han encontrado los investigadores de la Guardia Civil para obtener documentos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad.
En su resolución, de 17 páginas, la magistrada responde de forma rotunda y uno por uno a los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado para pedir la nulidad del procedimiento, a los que se adhirió parcialmente la Fiscalía en un duro recurso, que fue conocido este lunes, pidiendo también el archivo de esta investigación. Así, la magistrada rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.
En cuanto a los informes requeridos, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid afirma que las dificultades para obtenerlos ha sido expresada por los propios agentes de la policía judicial en sus informes remitidos al juzgado, y que esta es la razón por la que determinados oficios que ella firmó tuvieran plazos de entrega.
La juez confirma la citación del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla.
También comparecerán entre miércoles y jueves varios trabajadores de la Delegación y los convocantes de varias manifestaciones en los días previos a la declaración del estado de alarma.
