La ministra de Sanidad, Mónica García, prepara una ley de gestión sanitaria contra la colaboración público-privada. Lo hace poniendo la vista en la Comunidad de Madrid.
Así, ha anunciado que su departamento ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende "poner coto" a lo que considera "usos indecentes" del Sistema Nacional de Salud (SNS).
"Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha expresado.
Para ello, pretende limitar los conciertos y la gestión privada en hospitales públicos.
Por eso, el anteproyecto se ha fijado como objetivo, entre otros, regular la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro.
El segundo, mejorar los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad.
Además, quiere facilitar a las comunidades la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes, subraya.
La ministra dice que el modelo en Madrid no funciona, todo lo contrario -asegura- que en Cataluña, a quien pone como ejemplo.
Una aseveración que no se corresponde con los datos. En Cataluña hay 7,2 sanitarios públicos por cada 1.000 habitantes, en Madrid se llegan a 13,6. Asimismo, si en Cataluña el tiempo medio de una lista de espera quirúrgicas es de 112 días, se reducen a 51 días en la Comunidad de Madrid.
Y con respecto al gasto en conciertos, es decir, en centros públicos de gestión privada, si en Cataluña es del 23,9%, la Comunidad de Madrid destina el 12% de los 10.000 millones que invierte en Sanidad lo que redunda, afirman, en descongestionar y hacer eficiente el sistema.
En estos momento, la colaboración público-privada en la sanidad madrileña se traduce en más de 400.000 intervenciones quirúrgicas realizadas con este sistema.
La Comunidad de Madrid ya ha trasladado su rechazo al anuncio de la ministra y ha defendido un modelo "consolidado" de colaboración público-privada que "viene funcionando de una manera eficaz y eficiente" desde hace "mucho tiempo".
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha reprochado a Mónica García las críticas de esta al sistema sanitario de Madrid y la "dictadura" que ejerce en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Matute ha afeado a García, de un lado, que aproveche una entrevista "para cargar contra la gestión y el sistema sanitario" de Madrid, y le ha recordado que "es ministra de todas las Comunidades Autónomas".
Ha defendido que el de Madrid es "un modelo de éxito" con "normas bien establecidas, transparente, con intervención y auditoría de cuentas", y ha lamentado que "demonice" a la región cuando "en Comunidades Autónomas como Asturias o Canarias se está privatizando".
La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), por su parte, ha reprochado a la ministra que vuelva a "criminalizar" al sector y ha avisado de que el "irreal" proyecto de ley con el que quiere blindar la sanidad pública acarreará un gasto anual de 2.746 millones y más listas de espera.