Este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados cuatro presuntos agresores a un controlador del Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid. Sus compañeros han protestado a las puertas del juzgado. Piden que sus denuncias sean anónimas y que les consideren agentes de la autoridad. Creen que es la única manera de minimizar este tipo de agresiones y amenazas.
Ocho costillas rotas, el tabique nasal destrozado y secuelas psicológicas. Es un caso extremo pero las agresiones a los controladores del SER no son ni mucho menos residuales. Uno de cada cuatro ha sufrido alguna en sus carnes durante el último año.
Denuncian que lo peor de todo es que las amenazas van más allá de su ámbito laboral. Llegan incluso a sus domicilios.
Por otra parte, reclaman que la nueva ordenanza de movilidad municipal proteja su anonimato, algo que les había prometido el Ayuntamiento de Madrid y que se incumple.
Además, señalan que no están reconocidos como agentes de la autoridad, algo que sí ocurre con sus colegas de movilidad, el personal sanitario o, en nuestra comunidad, incluso con los profesores. Es decir que su palabra no tiene más valor ante la justicia que la de cualquier otro ciudadano.
El ministerio del Interior ha rechazado esa propuesta por no ser funcionarios públicos, aunque - señalan- que en Barcelona si lo hacen.
Dicen que sólo quieren salir a trabajar si miedo.
