Precios acotados y examen a los conductores en el nuevo VTC de Madrid
- Los chóferes tendrán un plazo de 18 meses para realizar las pruebas
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso limitará un 75% el precio del servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en momentos de alta demanda, como eventos de ocio o conciertos, y exigirá a los conductores deberán una prueba de conocimientos en su nuevo reglamento, que se prevé que entre en vigor a principios de 2024.
El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre el primer reglamento para regular las VTC, que entra en la fase final de tramitación antes de su aprobación definitiva, que se producirá casi a la par que la regulación del taxi.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha asegurado que el nuevo reglamento de las VTC aborda "los derechos de los clientes, el objeto y ámbito de aplicación de la norma, los requerimientos a las empresas para obtener y mantener las autorizaciones o los requisitos que deben cumplir los conductores y las condiciones de prestación de los servicios".
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Después del periodo de información pública, el porcentaje se ha elevado al previamente contemplado en el borrador del reglamento, que estaba contemplado en el 50 %, para buscar "un equilibrio" entre los ciudadanos y las plataformas y "equilibrar" la oferta y la demanda, además de "escuchar" las alegaciones recibidas, entre ellas al sector.
Además, exige una prueba para valorar conocimientos sobre el manejo de dispositivos digitales con mapa de navegación, el uso del castellano, primeros auxilios y lugares más importantes de la región.
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EXÁMENES Y EXENCIONES
Los conductores tendrán un plazo de 18 meses para realizar estos exámenes, a contar desde la entrada en vigor de la disposición que los regule, aunque podrán seguir conduciendo hasta la finalización de este periodo.
De las pruebas quedarán exentos quienes a la entrada en vigor del reglamento llevaran ejerciendo su labor profesional durante al menos un año de forma ininterrumpida o dos en el período de los cuatro años anteriores a la entrada en vigor del nuevo decreto, aprobado la pasada legislatura.
También deberán acreditar la posesión de un permiso de conducir de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad y estar libre de condenas por delitos contra la libertad sexual.
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NO EN AEROPUERTOS O ESTACIONES
No podrán captar a clientes y ni realizar servicios sin que sean previamente contratados, como tampoco permanecer en lugares como aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobús o cualquier otro emplazamiento donde haya una afluencia masiva de personas.
Por otro lado, se incorporan cuestiones como la activación de una línea telefónica de atención, que debe estar adaptada mediante texto para personas con discapacidad auditiva, así como un medio accesible de comunicación vía web, y una nueva modalidad de viajes compartidos que podrá suscribir cada usuario por plaza y con pago individual, en función del recorrido realizados.
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Esta alternativa de transporte permite al primer pasajero contratar un trayecto, al que podrán sumarse otros para el mismo itinerario o una parte, ya que pueden hacerse paradas intermedias de subida y bajada de clientes, conociendo todos ellos su precio previamente.
Además, desde el 1 de enero de 2025, de cada diez vehículos a disposición del público, uno deberá ser accesible, y deberán ser retirados de la actividad cuando hayan cumplido los 10 años, a contar desde la primera matriculación.
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En lo referente a las empresas, el reglamento de VTC establece que para obtener y mantener las autorizaciones deben contar, al menos, con un número de conductores igual al 75 % de autorizaciones en alta, y podrán disponer de los coches en régimen de propiedad o mediante alquiler bajo las figuras de 'renting' o 'leasing'.
También contempla en el articulado que las compañías deben tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que puedan causar a los viajeros durante el servicio de transporte y, además, estarán obligadas a impartir a sus trabajadores una formación continua.
