La juez decana de Torrejón de Ardoz, Raquel Rodríguez Gómez, ha acordado hoy la clausura preventiva de los juzgados de violencia sobre la mujer y el juzgado de instrucción número 5 de la localidad, que sufrieron un incendio el pasado 11 de enero.
La magistrada ordena esta clausura de forma preventiva y "con carácter excepcional" ante la inexistencia de un informe que descarte que las condiciones medioambientales supongan un riesgo para la salud de los trabajadores y usuarios de estas dependencias judiciales.
Además, la magistrada solicita la "inmediata y urgente asistencia" de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid para que habilite dependencias alternativas "en tanto persistan las razones que justifican la clausura".
También acuerda el traslado de la presentación de detenidos y actuaciones inaplazables o urgentes del juzgado de violencia sobre la mujer y del juzgado de primera instancia número 5 de Torrejón al juzgado de instrucción número 1 de la localidad y al juzgado de primera instancia número 1, respectivamente.
La magistrada subraya que no existe "informe técnico que concluya que en las dependencias de la calle Granados se puede desarrollar la actividad judicial en condiciones que no comprometan la salud y seguridad de los trabajadores y usuarios de la sede judicial".
El documento señala además que aunque la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales de Madrid considera que no "hay elemento alguno que pueda motivar la emisión de partículas contaminantes ni olores", un acta de la Policía Local indica que pasados treinta minutos de estar en el local se percibe "leve dolor de cabeza, picor en garganta y ojos".
Unos síntomas que también han sufrido hoy los funcionarios y la magistrada juez titular del juzgado de violencia sobre la mujer tras permanecer 45 minutos en las instalaciones, lo que ha motivado la decisión de la juez decana.
En un comunicado, CSIF ha aplaudido la clausura de los juzgados y ha señalado que aunque el incendió no provocó daños personales "sí generó una serie de desperfectos" que no han sido arreglados por la Comunidad de Madrid y lo considera parte de "una serie de sucesos" en estos juzgados que muestra "las pésimas condiciones" de los empleados de Justicia.
El sindicato señala que en estos juzgados se habían producido desvanecimientos y mareados por gases de la red de saneamiento y la inundación de las instalaciones por aguas residuales procedentes de alcantarillado y añade que la "mayor parte" de la sedes judiciales madrileñas "no reúnen unas condiciones mínimas en materia de salud laboral".
El pasado 11 de enero las instalaciones fueron desalojadas por un pequeño incendio detectado por los trabajadores ante el humo que se colaba por el falso techo, ya que las alarmas por incendio no se activaron, según denunció entonces el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (Staj).
