El Parlamento de Cataluña ha aprobado hoy, con los votos de CiU, ICV-EUiA y ERC, el apoyo parcial del PSC y la abstención del PP en algunos aspectos, la reclamación de un pacto fiscal que permitiría a Cataluña dotarse de un modelo similar al concierto económico. Justo un día después de que de que la Generalitat revelase que se acogerá al fondo de liquidez autonómico, considerado de hecho como un rescate, el Parlament ha celebrado un pleno extraordinario para aprobar la propuesta de financiación que el Govern de Artur Mas deberá negociar en los próximos meses con el Ejecutivo central.
Cataluña reivindica así un "cambio de modelo" con respecto a los sistemas aplicados desde el restablecimiento de la democracia, con el fin de alcanzar la "plena capacidad de decisión sobre todos los tributos" que pagan los catalanes.
El Parlamento catalán ha emitido un mandato al gobierno de la Generalitat para iniciar este mismo año la negociación con el Ejecutivo central de un modelo que contemple que la gestión de todos los tributos corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña, como "única administración responsable" de esos impuestos.
Esta hacienda propia, comparable a la que prevé el sistema de Concierto económico vasco, "debería colaborar administrativamente" con "otras administraciones de carácter local, estatal y europeo, especialmente en la lucha contra el fraude".
La Generalitat deberá disponer, según la propuesta, de "plena capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos soportados en Cataluña", asegurando el principio de "progresividad fiscal" en el sistema impositivo.
Otra de las grandes novedades del modelo es que la aportación catalana al Estado para pagar los servicios que presta en Cataluña y para contribuir a la solidaridad interterritorial será acordada de manera bilateral y revisada cada cinco años.
La solidaridad que Cataluña aporte, se señala en el texto, no debe hacerle "perder posiciones respecto a su situación en capacidad fiscal" y, además, los recursos aportados deben destinarse a los servicios básicos del Estado del Bienestar.
APOYO PARCIAL DEL PSC A LA PROPUESTA
El texto final aprobado es fruto del acuerdo principalmente entre CiU, ERC y también ICV-EUiA, mientras que el PSC se ha quedado en un apoyo parcial a la propuesta. De los once preceptos del texto sometidos a votación, el PSC ha votado a favor de siete y se ha abstenido en cuatro, pero justamente son estos cuatro puntos los que representan el núcleo duro del nuevo modelo, porque lo equiparan en la práctica al concierto económico. Desde las filas socialistas no se escondía cierto malestar con ERC, a la que acusan de haber enmendado el punto de la propuesta inicial del Govern referido a la Agencia Tributaria para evitar que el PSC se sumase; de hecho, el portavoz parlamentario del PSC, Miquel Iceta, ha hecho constar ante el pleno que la voluntad de amplio acuerdo por parte de algunos "no era total".
Por su parte, aunque la líder del PP, Alícia Sánchez-Camacho, había dado a entender que hoy su partido se abstendría a la propuesta, al final ha habido algunos puntos en los que ha votado en contra, al interpretar que CiU ha preferido aproximarse aún más a las posiciones de ERC y ha optado por "radicalizar" la propuesta de pacto fiscal.
Por otra parte, el texto aprobado contempla la creación de un "grupo de trabajo con capacidad decisoria para hacer el seguimiento de la negociación con el Estado", con la participación de miembros del Govern y de las fuerzas parlamentarias que hayan manifestado "pleno apoyo" a esta propuesta de resolución.
PLENA CAPACIDAD DE CATALUÑA
En su intervención ante el pleno, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido la plena capacidad de Cataluña para gestionarse, pero ha garantizado que la agencia tributaria no estará "cerrada ni aislada" del exterior. Ha sentenciado que el modelo supone un cambio "de 180 grados respecto a los últimos 30 años", ya que el pacto fiscal propone que sea Cataluña quien recaude los impuestos y después pague al Estado.
El documento contempla que Cataluña pagará al Estado en concepto de "cooperación interterritorial" por el coste de las competencias o los servicios comunes y prestados que afectan a Cataluña y que le son propios. Además, plantea que Cataluña seguirá contribuyendo a la solidaridad territorial pero sin que esto pueda suponer que "pierda posiciones en su situación de capacidad fiscal", es decir, manteniendo la ordinalidad.
