El juez pide a la fiscal revisar su petición de penas en el caso Acuamed tras la reforma de malversación
- Los investigados por el caso Acuamed podrían ser los primeros en beneficiarse por la reforma del delito de malversación
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise su petición de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso 'Acuamed' al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar una rebaja de penas.
De esta manera, los investigados por el caso Acuamed, una trama corrupta de comisiones por adjudicaciones en esa empresa pública estatal entre los años 2007 y 2014, podrían ser los primeros en beneficiarse por la reforma del delito de malversación.
Lo advertían los juristas y los fiscales, y ha llegado ya el primer caso en el que es el propio tribunal.
También lo hicieron desde la oposición. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dijo entonces que con la reforma "los corruptos se verían favorecidos por una norma del propio Gobierno" que lo que provocaría es que "la corrupción sea más barata en España".
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Hoy, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que con la última reforma del Código Penal no se ha despenalizado ningún tipo de malversación y ha mostrado su "confianza plena" en que en los jueces perseguirán el mismo objetivo de "no tolerar" esos comportamientos ilícitos.
"Lo que le puedo asegurar es que el Gobierno, lo que persigue con esta reforma, es penar todo tipo de corrupción", también el enriquecimiento ilícito, hasta ahora no castigado, ha respondido.Rodríguez ha insistido en que con la iniciativa aprobada a final del año pasado, con la que también se derogó la sedición, el otro delito por el que fueron condenados varios de los principales dirigentes del "procés", no se despenalizó ningún tipo de malversación.
Caso Acuamed
En un auto del pasado 29 de diciembre, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicita a la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, que indique si, "a las vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, mantiene la solicitud de transformación a sumario".
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Adjudicación fraudulenta de obras
En la rama de 'Acuamed' instruida en la Audiencia Nacional se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
El juzgado dirigido por Manuel García Castellón pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público.
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Fue el pasado 29 de noviembre cuando la fiscal anticorrupción pidió transformar a sumario, procedimiento que se sigue cuando se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de cárcel, así como la declaración indagatoria de los imputados.
Instrucción
La fase de instrucción debía haber concluido el pasado 29 de diciembre pero ese mismo día el magistrado de refuerzo la amplió tres meses, hasta el 29 de marzo, precisamente para dar tiempo a que el Ministerio Público valorara el impacto de la reforma de la malversación en 'Acuamed'.
"Esta nueva norma contempla la reforma del artículo 432 del Código penal, modificando además de su contenido los límites penológicos", lo que "podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario", explica Gadea.
A ello añade que, "de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria, diligencia que, en todo caso, se debería efectuar con todas las garantías necesarias para no verse afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción".
En este sentido, pone de manifiesto "la necesidad de tener un marco procesal adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción, y que en el caso de revelarse algún dato pudiera efectuarse con todas las garantías".
