La Fiscalía pide archivar la investigación a Begoña Gómez por tráfico de influencias
- El miércoles por la tarde el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, se dirigió al Ministerio Público para hacerle llegar la denuncia que dio origen a las diligencias de investigación que permanecen bajo secreto
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el archivo de la investigación abierta por un juez de Madrid a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Según han informado fuentes fiscales, la Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y pide que se revoque y se archive la causa. El Ministerio Fiscal argumenta que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal, han precisado a EFE fuentes conocedoras del caso.
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En el procedimiento, que se ha declarado secreto, el juez investiga una denuncia de Manos Limpias, que se fundamenta en una serie de noticias de prensa y en la que expone que Begoña Gómez, "prevaliéndose" de su relación con el presidente del Gobierno, habría recomendado o avalado "por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas".
El juez de Madrid que abrió las diligencias dio traslado a la Fiscalía de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El pasado miércoles por la tarde el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, se dirigió al Ministerio Público para hacerle llegar la denuncia que dio origen a las diligencias de investigación que permanecen bajo secreto.
La denuncia de Manos Limpias fue registrada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".
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Desde el sindicato aseguran que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostienen, y añaden que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.
Por otro lado, apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía".
A esto suma que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.
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Además, Manos Limpias sostenía que las cartas de recomendación y avales de la denunciada "dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad".
El sindicato solicita en su denuncia que se cite a declarar tanto a Begoña Gómez como a los responsables de los medios de comunicación que publicaron noticias al respecto. También pide que se aporten las cartas de recomendación y los expedientes de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés.
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias es un "sindicato" fundado en 1995 por Miguel Bernad que ha interpuesto todo tipo de denuncias ante lo que considerara corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general.
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Recientemente el Tribunal Supremo absolvió a Bernad, secretario general de Manos Limpias y firmante de la denuncia, y al líder de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, que habían sido condenados a 8 y 4 años de prisión, respectivamente, por la Audiencia Nacional por extorsiones a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.
