La representante legal de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) a la que un Juzgado ha ordenado la entrega este miércoles de sus dos hijos de once y tres años al padre, condenado en 2009 por maltratarla, afirma que "desconoce su paradero" y "qué va a hacer con los niños" minutos después de que se haya cumplido el plazo para que los entregue, como ha ordenado la jueza, con el objetivo de que regresen con él a Italia, donde tienen fijada su "residencia habitual".
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada había fijado la entrega de los menores para las 16,30 horas de este miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, al que deberían ser llevados por la madre a fin de que sean entregados al progenitor, según consta en la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Sin embargo, pasado ese plazo sin que Rivas haya comparecido con los menores en el punto de encuentro, su abogada, María Castillo, ha reconocido en declaraciones a los periodistas desconocer dónde se encuentra si ha abandonado o no el municipio de Maracena con los niños o cuáles son sus intenciones, puesto que de hecho no tenido contacto con ella ni con nadie de su familia durante toda la jornada.
El padre de los menores, desplazado desde Italia esta tarde hasta el punto en el que debían entregarle a sus hijos y que denunció la sustracción de los niños, lo ha abandonado sobre las 16.50 horas, veinte minutos después de la hora fijada al no haberse presentado allí la madre.
Desde el Punto de Encuentro Familiar, dependiente de la Junta de Andalucía, han indicado que pondrán en conocimiento de la juez que no se ha producido el intercambio fijado.
LA POLICÍA NO CONSIGUE CONTACTAR
La titular del Juzgado de Primer Instancia 3 de Granada, que decretó, a instancias de la Audiencia, la devolución de los niños, había fijado además en su providencia que, en caso de que la madre obstaculizara la devolución, el padre fuera auxiliado por el Cuerpo Nacional de Policía.
Fuentes policiales han confirmado a Efe que no han conseguido contactar con Juana Rivas y que, al corresponder a la Guardia Civil la demarcación de Maracena, será el instituto armado a quien corresponda intervenir a partir de ahora en este caso, salvo que la juez determine algún otro tipo de actuación.
Acompañada de la asesora jurídica del centro municipal de la mujer de Maracena, Francisca Granados, y del presidente de la Asociación Pro-Derechos del Niño (Prodeni), Juan Pedro Oliver, la letrada no ha querido revelar, acogiéndose al secreto profesional, las conversaciones mantenidas con Rivas antes de que esta tarde no haya entregado a sus hijos.
LAS CONSECUENCIAS
Tampoco ha evaluado las consecuencias que podría tener para la madre el incumplimiento de la orden judicial y ha apostillado que dependerá de los pasos que ahora emprenda la representación legal del padre.
Tanto ella como Granados sí se han referido a la reunión mantenida esta mañana con la fiscal encargada del caso y han lamentado que la representante del Ministerio Público no haya querido promover la adopción de medidas de protección frente a los menores.
En concreto, la Fiscalía ha mantenido que debía cumplirse la decisión judicial acordada porque se había producido una sustracción de los dos menores "no autorizada", y porque cualquier decisión sobre la potestad de los niños debe ser adoptada por los tribunales de Italia, país competente por ser el de residencia de los menores.
Según la asesora jurídica del centro de la mujer de Maracena, se trata de un caso de violencia de género, denunciado hace ahora un año por Juana Rivas, en el que los dos hijos también deben ser considerados víctimas y a los que se podría generar un "daño irremediable" en caso de ser devueltos a Italia con su padre.
El progenitor fue condenado en 2009 por un delito de lesiones contra la madre, aunque ella volvió a darle "una oportunidad" y retomaron la relación en Italia hasta que regresó con los hijos a España y, en julio de 2016, lo acusó de malos tratos a través de una denuncia pendiente de ser tramitada ante la justicia italiana.
APOYO DEL DEFENSOR DEL MENOR
El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha señalado que "seguirá trabajando" en la queja presentada ante la institución por el caso de Juana Rivas, la mujer maltratada de Maracena (Granada) que por orden judicial tiene que entregar a sus dos hijos de once y tres años al padre para que regresen a Italia, al tiempo que asegura que "hará todo lo posible" para que estos niños "estén en un clima de no violencia".
En declaraciones a Europa Press, Maeztu señala que, como Defensor del Menor, "no puede invadir la competencia de los tribunales", en referencia a la orden del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granada que la obliga a entregar a sus hijos a su progenitor, porque "las sentencias hay que cumplirlas", lo que "no quiere decir que la batalla esté perdida, e insiste en que "seguirán colaborando y ayudando en pro de los niños".
