Un año después de la entrada en vigor de la ley, un total de 4.522 sefardíes han conseguido la nacionalidad española y 3.000 personas más han iniciado los trámites para conseguir un pasaporte español, "un camino al pasado" deseado por aquellos descendientes de los judíos que fueron expulsados en 1492.
La sefardí Hanna Zohar, directora de Zohar Abogados, un despacho de Barcelona que se encarga de algunos de los expedientes de ciudadanos sefardíes que aspiran a la nacionalidad española, explica a Efe que "abrirle el camino a su pasado a cada persona es muy satisfactorio".
"Es un proceso que llega a ser incluso apasionante: Recordar a tus antepasados, revivir tus raíces, conocer el significado y los orígenes de tu apellido. Para mí realmente es muy emotivo conocer la historia de mis clientes, que es la mía propia", afirma Zohar.
La ley que otorga la nacionalidad española a los sefardíes fue aprobada en junio de 2015 por el Parlamento y entró en vigor el 1 de octubre de ese año con un real decreto por el que se concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a 4.302 ciudadanos descendientes de los judíos que fueron expulsados en 1492.
Este agosto el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto por el que 220 sefardíes accedieron a la nacionalidad, entre los que se encontraba el Gran Rabino de Jerusalén, Salomón Amar.
Otras 3.000 personas han iniciado los trámites para conseguir la nacionalidad, cuyo principal requisito es ser descendientes de sefardíes y poder demostrarlo, según datos de Zohar Abogados.
La mayor parte de solicitantes se encuentran en Argentina, Venezuela, México, Turquía, Chile, Colombia, Estados Unidos y Egipto, entre otros países.
Los motivos para iniciar este trámite son diversos. Hay un sector de los candidatos a quienes no les interesa residir en España, sino más bien disfrutar de los beneficios que aporta tener un pasaporte europeo, bien sea para invertir o para fines turísticos.
También hay un perfil de personas que solicitan la nacionalidad española con la intención de venir a este país, y otras que, ya están residiendo en España, por estudios o por algún negocio.
JUSTICIA HISTÓRICA
Hay quien desea la nacionalidad española por motivos enteramente románticos o históricos y lo considera un acto de justicia histórica, explica la abogada Hanna Zohar.
Es el caso de Jacobo Levy, un estadounidense de 69 años que desea cumplir el sueño de sus bisabuelos y pasar sus últimos días en Sefarad (España según la tradición judía).
Zohar asegura que tras la aprobación de la nueva ley hace un año recibió una "avalancha de solicitudes" en su despacho.
Los interesados tienen de plazo hasta septiembre de 2018, pero en la mayoría de los casos, el estudio de cada expediente puede llevar muchos meses, ya que normalmente cuesta localizar o contrastar la documentación necesaria.
"La historia de los judíos ha estado marcada por el destierro, y tampoco ha ayudado la eliminación de familias enteras en la Shoá (Holocausto). Muchas veces hay que tirar del estudio del árbol genealógico", explica Zohar, especializada en Extranjería e Inmigración y Derecho Internacional de los Negocios.
En la actualidad, cerca de 3.000 personas han iniciado la solicitud de nacionalidad española por origen sefardí amparándose en la nueva ley y permanecen a la espera de la resolución favorable.
Zohar apunta que existen casos muy complejos en los que hay que recabar información histórica y lleva tiempo reunir todos esos documentos.
"La comunidad judía ha sufrido persecuciones durante toda su historia casi hasta la actualidad. La historia de los judíos es una crónica de destierros", añade.
Según concreta el Ministerio de Justicia, pueden acogerse al procedimiento previsto en esta norma, todos aquellos sefardíes que prueben dicha condición y una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país y sin tener que renunciar a su actual nacionalidad.
Por tanto, la condición de sefardí y la vinculación con España son requisitos que deben coexistir necesariamente.
Además del vínculo, los futuros españoles tendrán que superar una prueba de evaluación de conocimientos, gestionada por el Instituto Cervantes.
