Las personas españolas con una discapacidad diagnosticada son más de 4,5 millones y forman un colectivo con enormes dificultades para acceder al empleo. Según datos del INE, solo una de cada cuatro personas en edad de trabajar tienen empleo.
Más de 6.000 asociaciones de personas con discapacidad de todo el país piden que no se elimine la bonificación por contratación y que se tengan en cuenta sus necesidades para elaborar la normativa.
Daniel Aníbal García es secretario de la Confederación Española de Personas Con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y declara que "para contratar a una persona con discapacidad, y dependiendo de sus características, tienen una reducción en la bonificación, pero en el nuevo proyecto de ley hay un retroceso que disminuye las cuantías para todas las categorías".
"Quieren pasar del 100% de reducción a unas tablas peores que las existentes, igual a las que se aplican a las empresas ordinarias", lamenta Daniel. La reforma afectaría especialmente a los Centros Especiales de Empleo, aquellos cuya plantilla debe superar el 70% de personas con discapacidad.
Desde COCEMFE, están "sorprendidos y preocupados" por el anteproyecto y han transmitido al Gobierno "su más radical queja porque esto es equiparar todo a la baja y no al IPC".
"Son los derechos de un colectivo que lleva años luchando" y "quitan la bonificación a contratos que son la única manera de fomentar que se ofrezca empleo a personas con discapacidad".