La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero ha recibido críticas de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitió un informe expresando que el anteproyecto de la ley era "contradictorio e inoportuno". Ahora, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) publica su propio informe señalando "problemas de constitucionalidad".
Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y autor del informe de FEDEA, considera que la ley "no da respuesta a las necesidades de vivienda de los españoles" y "desnaturaliza el derecho a la propiedad privada" porque ""el Estado va a decidir qué vamos a poder hacer con nuestras casas".
La Fundación advierte de que limitar la subida de los alquileres de viviendas tiene "dudosos efectos antiinflacionarios" y genera "notables distorsiones que encarecen los alquileres futuros".
El autor del texto declara que la ley "agrava la situación de los arrendadores de viviendas porque confunden el síntoma de que los precios se perciban como altos con las causas, que guardan relación con la escasez de oferta y sobre todo, en los últimos meses, con la inflación".
En el informe, se critica cómo se trata el asunto de la ocupación ilegal en España y Nasarre alerta de que así "se produce un efecto llamada a la ocupación".
Desde el Ministerio de Política Territorial, presentaron la ley como "imprescindible" para "garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación". Por su parte, el presidente del Gobierno declaró que "la ley no va en contra de los propietarios, sino que va en contra de la especulación".